Al considerar que el levantamiento del PANAUT no tendrá como beneficio directo e inmediato disminuir los índices delictivos, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión definitiva, de alcance particular, en contra de la entrega de datos personales y biométricos establecida por el Senado de la República.
El juez dijo que la ausencia de ciertos datos en el Padrón tampoco provoca más delitos ni impide la investigación de alguno, además de que la sola existencia del PANAUT tampoco reducirá en automático los delitos, por lo que el que un ciudadano no se registre, no provoca daño a la sociedad.
“Postergar el registro de la línea telefónica móvil de la parte quejosa en dicho padrón no provocaría la comisión de un delito o la continuación de uno y, por tanto, que la sociedad perdiera un beneficio o que se le produjera un daño que, de otro modo, no se le produciría”, dice la sentencia. Tampoco impide en modo alguno a la autoridad realizar una investigación criminal.
Esta suspensión coincidió con la determinación tomada por el INAI de interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, instruido por una reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Esto implica que el ciudadano beneficiado no podrá ser obligado, por tiempo indefinido, a entregar sus datos al PANAUT, sin tener que sufrir la sanción establecida, que es la suspensión de su línea de celular.
“La suspensión definitiva se concede para el efecto de que no se aplique al quejoso la obligación establecida en la norma reclamada consistente en registrar su línea telefónica móvil en el PANAUT y, en consecuencia, no le sea cancelada por su falta de registro”.
El juez motivó su decisión en que al no entregarse los datos, no se ocasiona ningún daño colectivo ya que el PANAUT, por sí mismo y de manera directa, no constituye un beneficio directo ni inmediato para la sociedad.
“Por sí mismo el PANAUT no tiene como finalidad constituir un beneficio directo e inmediato para la colectividad, es decir, la implementación de dicho padrón no traerá como consecuencia inmediata, directa y necesaria, la disminución de la incidencia delictiva”, señala la argumentación del juez.
También este martes, Gómez Fierro otorgó 28 suspensiones provisionales más, con lo que las medidas cautelares concedidas a personas físicas y morales suman casi 60.
Aun cuando en la reforma a la LFT se señala que el PANAUT se creará con la finalidad de compartir información con las autoridades de seguridad pública en caso de que un número celular esté involucrado en la comisión del delito, el juez concluyó que la sola existencia del padrón no significa, en automático, que la inseguridad disminuya.
“Si la finalidad de ese padrón es que exista una base de datos para el intercambio de información entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia, en asuntos relacionados con la comisión de delitos, ello no quiere decir, que la sola vigencia de la norma provocará, en automático, la disminución de los delitos o, en su caso, que dichas autoridades puedan investigar delitos que antes no podían por la falta del PANAUT”.
Esta suspensión seguirá vigente hasta que se resuelva el fondo del asunto. Es decir, que tras el recurso de inconstitucionalidad que interpondrá el INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resuelva si el decreto viola o no los derechos humanos consagrados en la Constitución.
