Un juez federal resolvió que las autoridades capitalinas deben entregar la información disponible respecto al agua contaminada que ha circulado en la alcaldía Benito Juárez. Apenas el pasado 8 de mayo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) había declarado reservada esa información.
Este martes el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) y Lammoglia Abogados dieron a conocer la suspensión provisional que el juez otorgó a los vecinos de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez afectadas por el agua contaminada, debido a la falta de transparencia de las autoridades capitalinas al respecto.
En el comunicado de los dos organismos (que colaboraron en la promoción de los amparos) se informa que un juez federal concedió a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez afectados y que se ampararon, una suspensión provisional que obliga a las autoridades competentes a entregarles la información disponible sobre el estado del agua potable.
En ese sentido, el juez es contundente en su consideración para sostener su resolución: al tratarse de un servicio básico esencial, “no se advierte ningún motivo por el cual la información obtenida debería reservarse y no darse a conocer”.
El CNLE y Lammoglia Abogados resumieron en tres puntos las violaciones a los derechos humanos en que las autoridades han incurrido en este caso: la falta de disponibilidad de información, la obligación de las autoridades de hacer inspecciones sobre la contaminación del agua y las consecuencias que sobre la salud tenga no garantizar agua potable de calidad.
En el comunicado se destaca que esta decisión del juez es un importante logro para atender la crisis hídrica y que permite tomar decisiones acerca de la responsabilidad de las autoridades y de los cuidados que deberán tener los vecinos afectados.
El 8 de mayo pasado se dio a conocer que el SACM declaró reservada la información sobre el agua contaminada debido a la denuncia de “sabotaje” presentada por el gobierno capitalino, por lo que arguyó que los datos sobre el asunto formaban parte de las “pruebas plenas de para la investigación”, por lo que se guardaría por tres años, con la posibilidad de añadirle dos más.
Posteriormente, María del Carmen Nava Polina, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), manifestó que en la legislación mexicana se establece que debe haber transparencia en la información sobre la calidad del agua, y que, además, se le deba dar enfoque de derechos humanos.
En ello fue respaldada por Julieta del Río, comisionada del INAI.
