Al presentar esta miércoles su informe "Situación de derechos humanos en México", elaborado a partir de la visita que algunos de sus integrantes realizaron entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el país todavía existe una "grave crisis de derechos humanos", en particular por casos de desaparición, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, inseguridad ciudadana, acceso a la justicia e impunidad.
Además de esos temas en el informe también abordan la situación de los derechos humanos de grupos poblacionales afectados por la violencia nacional, entre ellos: defensores de derechos humanos, mujeres, pueblos indígenas, niñas, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes y la comunidad LGBTTI.
Asimismo analizan el panorama de los asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas en el país.
De acuerdo con el organismo, aunque la violencia se da en gran parte del país, afecta de manera diferenciada en ciertas zonas, como aquellas donde hay presencia de fuerzas militares, que a su vez se da por el control del crimen organizado en determinados territorios.
“Durante la visita la CIDH pudo constatar que la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas 'no localizadas' en México, al 30 de septiembre de 2015, son 26 mil 798. En agosto de 2014, cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) arrojaban 22 mil 322 personas 'no localizadas'".
Dicha situación constata que las desapariciones son generalizadas en México. Todavía más cuando ocurren a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas, subarayan.
"La gente tiene miedo de denunciar por las represalias a las que son sometidas las personas que buscan a sus seres queridos. La madre de un desaparecido nos relató que ha recibido amenazas de que le cortarían la lengua y que encontraría en la puerta de su casa los cuerpos de sus otros tres hijos si insistía en la búsqueda", dijo el Presidente de la CIDH, James Cavallaro, y Relator para México. "Y cuando se animan a denunciar, las investigaciones adolecen de tantos obstáculos que prácticamente ninguna logra esclarecer lo ocurrido. Incluso recibimos testimonios de familiares a quienes funcionarios de las procuradurías estatales les han pedido dinero para adelantar diligencias".
Respecto a las investigaciones, la CIDH detectó irregularidades, especialmente por la negligencia de las autoridades estatales y locales en las primeras horas a partir de la desaparición de la persona, las cuales son claves a fin de encontrarla con vida.
Sobre los homicidios, el organismo explica que desde hace diez años la tasa es superior a 10 por cada 100 mil habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso dice que las deficiencias en las investigaciones y la impunidad imperante no permiten establecer con certeza el número de muertes violentas que corresponden a ejecuciones extrajudiciales o al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes del Estado.
En la relación a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la CIDH reiteró que estas prácticas ocurren durante las primeras horas de detención de una persona y antes de que sea presentada ante un juez. Según la información recabada, para abril de 2015, la PGR contaba con dos mil 420 investigaciones en trámite por tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. "La respuesta estatal ante los casos de tortura, al igual que respecto de las desapariciones, los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es débil e insuficiente.
El informe contiene recomendaciones al Estado mexicano en las áreas de seguridad ciudadana, desapariciones y desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, situación de personas y grupos en situación de particular vulnerabilidad, y acceso a la información.
De igual forma reconoce las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se han introducido en México a partir del 2011, así como el avance que representa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya reconocido la obligación de todas las autoridades judiciales del país de realizar el control de convencionalidad.
Destacan la decisión de la SCJN que restringe la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles, la adopción de la nueva Ley de Amparo publicada en abril de 2013, y la labor de distintos mecanismos y fiscalías.
ahea
