La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha buscado que el gobierno federal rechace la vigilancia del cumplimiento de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos cuando ha habido casos de violaciones a estos en los que sean denunciados sus miembros, informó Proceso.
Entre los documentos que ese semanario ha encontrado entre la información hackeada por el grupo Guacamaya están comunicaciones que la Sedena ha enviado a dependencias como las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en las que pide que rechacen, con el argumento de que son improcedentes, recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos cuando están relacionadas con militares.
Lo anterior, pese a los acuerdos y tratados que en esa materia ha establecido el Estado mexicano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El caso que destaca Proceso para ejemplificar ese proceder de la Sedena es el de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, una mujer de 73 años que el 25 de febrero de 2007 fue atacada sexualmente por militares en el municipio de Soledad Atzonpa, en Veracruz. Un día después falleció.
La versión que sobre lo ocurrido fue difundida por el Ejército y por el gobierno de Felipe Calerón Hinojosa fue que Ascencio Rosario murió por una anemia aguda y úlceras, lo que ha sido desmentido en diversas ocasiones.
Sin embargo, en diciembre de 2020 Christopher Ballinas Valdés, representante de Relaciones Exteriores, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa versión del Ejército y que proviene desde el gobierno calderonista. Era un oficio firmado por el general de brigada Aníbal Trujillo Sánchez.
Esa defensa que la Cancillería actual hizo del Ejército incluso fue repudiada por Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien señaló que lo expuesto “no representa las instrucciones que el presidente nos ha dado para atender estos asuntos”.
En el contexto de la militarización del país, de la negativa de los titulares de las fuerzas armadas mexicanas a comparecer ante el Congreso, la defensa de que esa conducta ha hecho Adán Augusto López Hernández y la minimización que de ello ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la información revelada indica la gran influencia que los militares tienen incluso en la diplomacia y en una materia tan grave como los derechos humanos.
