Mediante un esquema de empresas fantasma, el gobierno de Manuel Velasco Coello en Chiapas dispuso de más de mil millones de pesos en efectivo en 2018 sin que se sepa su destino, según una investigación de Animal Político.
En el reportaje “En efectivo y en camionetas blindadas: así desaparecieron más de mil mdp en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas”, firmado por Manu Ureste y Arturo Ángel, publicado este lunes por Animal Político, se documenta que en 2018 tres secretarías del gobierno chiapaneco entregaron recursos a tres empresas que han sido declaradas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La secretarías estatales de Seguridad, de Desarrollo Social y de Empoderamiento de la Mujer fueron las que pagaron facturas a empresas de las que el SAT declaró que no contaban con la infraestructura ni con el material requeridos para realizar los servicios a los que se comprometieron. Además, señala el reportaje, sus presuntos dueños son “empleadas de limpieza, vendedores de flores o comerciantes de escasos recursos”.
La empresa fachada Comercializadora TGZ recibió de las tres dependencias mencionadas 813 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social dio 174 millones a Comercial Abastecedora Chloe, y 174 millones a Conseil D’affaires Belayage (que habría recibido más). En total, mil 161 millones.
Pero esas empresas trasladaron los recursos, en efectivo a otras empresas fantasma, donde se pierde el rastro del dinero.
Los reporteros hallaron que las empresas fantasma tiene un mismo apoderado legal, Héctor Alejandro Sánchez Piña, quien declaró que sólo fue contratado para liquidarlas en 2020. Esto ocurrió, según declararon, por falta de ingresos, pese a los recursos que recibieron de las dependencias del gobierno chiapaneco.
Sin embargo, no se tiene claridad sobre el destino de los recursos.
Cuestionado sobre el asunto, Velasco Coello respondió por escrito a Ureste, en donde afirma, además de que su gobierno fue de los más auditados entre 2012 y 2018, que sus contrataciones de bienes y servicios fueron realizadas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios del Estado.
Asimismo, comentó que las empresas proveedoras no estaban impedidas legalmente para establecer contratos con el gobierno.
Por lo anterior, manifestó su acuerdo con que las autoridades realicen las investigaciones del caso, así como su disposición a aportar la información correspondiente cuando se la soliciten.
