Martí Batres, senador por Morena, anunció una iniciativa en la que se propone que las películas extranjeras que se estrenen en México sean dobladas no sólo al español sino también a lenguas indígenas. Esa propuesta es apoyada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la fracción de Morena en el órgano legislativo.
Se busca una reforma que modificaría los artículos 8, 10, 23 y 42 de la Ley Federal de Cinematografía (LFC), además de cambios a otras leyes federales, como la del Derecho de Autor, de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Trabajo, así como la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Lo que se pretende es fortalecer la industria mexicana del doblaje: como anunció Batres, son cambios en materia de regulación y protección de los derechos laborales de actrices y actores de doblaje de voz.
El cambio al artículo octavo sería el siguiente: “Las películas cuyo idioma original sea distinto al español deberán contar con una versión doblada que permanezca en igual número de salas, en cada complejo, y durante el mismo tiempo que la versión en idioma original, respetando los porcentajes del tiempo total de exhibición estipulados en el artículo 19 de esta ley.
“En al menos un horario diario por sala, además, deberá ofrecerse una versión doblada a la lengua indígena predominante en la región.
“En el caso de las películas cuyo idioma original sea el español deberá ofrecerse también en al menos un horario por sala una versión doblada a la lengua indígena predominante en la región”.
La LFC establece que “las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse doblados al español”.
Apenas en julio del año pasado la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en un foro organizado por el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, había presentado una iniciativa para prohibir el doblaje al español de las películas extranjeras en México ya que, consideraron, “el público tiene el derecho de recibir la obra en la forma que fue originalmente concebida”. Consideraron que esto era violado cuando se modifican el guión y se cambia la voz, además de que si se autoriza el doblaje “se coloca el interés privado (eminentemente de lucro) por encima del interés público”.
