Ante los numerosos amparos que empresas privadas han interpuesto en contra de la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, la bancada de diputados federales de Morena impulsa una reforma a la Ley de Amparo, para prohibir que se conceda tal medida de protección, pues se realiza para “obstaculizar judicialmente” el funcionamiento de las empresas productivas del Estado y los principios de la “austeridad republicana”.
En una medida inédita, que dejaría en desprotección a empresas y ciudadanos que se sientan vulnerados por las decisiones y normativas impulsadas por el actual gobierno en materia energética, la diputada Reyna Celeste Ascencio propuso reformar la Ley de Amparo para evitar que los jueces concedan amparos en contra de la nueva Ley de la Industria Eléctrica y cualquier otra que regule el funcionamiento de las empresas productivas del Estado.
Asimismo, quiere hacer ilegal que los funcionarios públicos se amparen en contra de las reducciones de salarios producto de la “austeridad republicana”.
La iniciativa plantea adicionar dos fracciones al artículo 129 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución para prohibir el amparo “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado” y “contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos”.
“Existe un empecinamiento en obstaculizar judicialmente las medidas de fomento y apoyo que se han emprendido para revitalizar tanto a la CFE como a Pemex; de lo que se trata es de recobrar la soberanía nacional en la generación de energía eléctrica y en la explotación de hidrocarburos, pese a ello se ha utilizado como pretexto la supuesta protección al ambiente”, dice la iniciativa.
Agrega que “algunas de las personas que han impugnado judicialmente en contra del régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado, tienen ligas o vínculos con funcionarios judiciales, por lo que al impugnar saben que gozarán de un proceso judicial a modo que se puede alargar, de tal manera que al gozar de la suspensión en lo que se tramita el juicio, virtualmente se mantiene el régimen del pasado”.
Según ella, su iniciativa va en obediencia a un “mandato popular” para que se terminara el viejo régimen de privilegios. Pero lo cierto es que su propuesta lo que hace es promover una reducción de derechos ya ganados.
Y, como ejemplo de la “burocracia dorada” que se niega a perder sus privilegios, puso al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, que se amparó ante la reducción de percepciones ordenada por el gobierno federal, tanto para él como para algunos mandos medios y superiores del instituto.
De aprobarse la reforma propuesta por Morena, ni particulares ni ciudadanos podrían ampararse en contra de la Ley de la Industria Eléctrica o cualquier ley similar en relación con una empresa productiva del Estado, aun cuando resulte lesiva para sus intereses.
Según la iniciativa, un funcionario público tampoco podría ampararse en contra de la reducción de sus percepciones, dado que una ley aprobada este sexenio prohíbe que ningún funcionario gane más que el presidente de la República.
Existen diversos artículos en la Constitución que establecen derechos generales que permiten a los particulares y empresas ampararse contra la reducción de salarios y la nueva reforma eléctrica.
La diputada Ascencio es diputada federal por Michoacán y es pasante de la carrera de derecho.
🚩👁️ Morena pretende modificar el artículo 129 de la “Ley de Amparo” que tiene como objetivo evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado ( Incluye la recién aprobada Reforma Eléctrica). pic.twitter.com/m3Nh90JYtc
— Oscar (@ALEPHBIO) March 17, 2021
