José Rodrigo Roque Díaz, investigador y exfuncionario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien aparece en la lista de personas que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta malversación de fondos y otros ilícitos en el citado organismo, negó haber cometido delito alguno mientras estuvo en el Consejo.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, se dijo sorprendido de los cargos por delincuencia organizada que pretende fincar la Fiscalía en su contra, junto con otras 30 personas que formaron parte del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico; señaló que ninguno de los que ahí participaron tiene el perfil que se les quiere atribuir. Y por lo que a él respecta, no desvió ningún dinero.
Denunció que la FGR no ha respetado el debido proceso ni su presunción de inocencia, porque además de la mediatización del caso y las identidades de los señalados, al menos en su caso, no se le ha dado acceso a la carpeta de investigación a pesar de que tiene derecho a ello y lo ha solicitado en tres ocasiones. Por tal motivo, dijo, no sabe a ciencia cierta de qué se le acusa, para preparar debidamente su defensa.
Se dijo confiado en poder demostrar su inocencia, porque la FGR no ha aportado elementos suficientes para sostener sus acusaciones. Asimismo, afirmó que su trayectoria profesional ha sido limpia y no tiene nada que ocultar.
Cuestionado respecto al estatus del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, explicó que se trata de una asociación civil fundamentada en la Ley de Ciencia y Tecnología, en la cual se estipula que el Conacyt debía destinar un determinado monto presupuestal cada año e incluso hay una sentencia de la SCJN que lo confirma.
Explicó que del presupuesto que se destinó a al Foro en sus años de existencia, nada era para los bolsillos de sus integrantes como se ha hecho creer, sino para financiar investigaciones científicas que debían ser debidamente acreditadas. Es decir, sostuvo que todos los fondos eran perfectamente auditables y en ningún momento se ocultó la información relativa a su manejo.
Descartó también que pueda configurarse el delito de lavado de dinero porque la responsabilidad de aprobar los gastos del Foro era un comité conformado por diversas instituciones de educación superior con mecanismos de rendición de cuentas y obligaciones de transparencia, perfectamente determinadas en la ley.
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