Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presentó un par de documentos que integran una propuesta de reforma para un sistema integral de seguridad pública y justicia. Se opuso a lo que llamó “demolición del Poder Judicial”, y convocó a los legisladores a escuchar otras voces e ideas.
Al inicio de la discusión en el Senado de la República del dictamen de reforma judicial enviado por la Cámara de Diputados a mitad de semana, y también en la vorágine de movilizaciones contra esa iniciativa presidencial, Piña Hernández presentó un par de documentos de la SCJN y del CJF que integran la propuesta, de la que dijo que es resultado de un ejercicio de consulta y diálogo con los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, además de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de la violencia.
La ministra presidenta de la SCJN destacó, en pleno proceso legislativo, que “la demolición del Poder Judicial no es la vía, como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita”.
Rechazó contundentemente el relato que desde el gobierno y el oficialismo se ha esparcido: “Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México”.
Agregó que la propuesta que presentó este domingo cuenta con un amplio diagnóstico en el que fueron integradas las necesidades los encargados de las labores de seguridad y justicia, y también “las de quienes interactúan con ellos”.
Piña Hernández añadió que los documentos mencionados “surgen desde la judicatura, en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y los jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.
La ministra indicó que los documentos coinciden con las recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano desde importantes instituciones internacionales de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil.
También se dirigió a los integrantes del Congreso y a las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, a quienes dijo que “podemos cambiar las cosas”, pero que “debemos escucharnos entre poderes de la Unión; escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos; escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, expresó Piña Hernández.
Finalizó al decir que “desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente; nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros: es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos”.
En su mensaje en video se ve a Piña Hernández acompañada de tres ministros de la SCJN: Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, además de tres consejeros del CJF: José Alfonso Montalvo Martínez, Lilia Mónica López Benítez y Sergio Javier Molina Martínez.
Una de las principales fuentes que nutrieron los documentos de la SCJN y del CJF fue el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, un amplio foro que se realizó entre marzo y julio de este año en 14 sedes de todo el país.
