En innegable albazo legislativo, el bloque oficialista conformado por Morena y aliados aprobaron un decreto que establece que promover la revocación de mandato no es ilegal, sino materia de “interés público”. Ya fue enviado al Senado de la República.
Asimismo, no se considerará propaganda lo que diga un servidor público por medio de sus redes sociales o conferencias de prensa, así sea para ensalzar obras de su administración. Se considerará propaganda solo aquello que sea contratado y pagado con presupuesto público.
Esto, mediante una reinterpretación del concepto de propaganda gubernamental para que servidores públicos (como el presidente de la República) puedan difundir la revocación y llamar a participar y no sea únicamente el INE quien lo pueda hacer.
Según el proyecto presentado por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, llamar a participar en la consulta de revocación se considera “información de interés público que no constituye propaganda”.
Define el proyecto como propaganda “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”.
De esta manera se contrapuntean con el INE, que estableció que es el único ente autorizado para promover la participación ciudadana en la mencionada consulta.
Llama la atención que este interés por redefinir la naturaleza de la propaganda gubernamental no haya interesado a Morena en pasados procesos electorales, sino que sea hasta ahora, que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere promover este ejercicio, que el partido en el poder acude a esta medida, que fue duramente criticada por legisladores de oposición.
El decreto fue aprobado por 268 votos a favor y 213 en contra. Votaron a favor Morena, PVEM y PT, y en contra PRI, PAN, PRD y MC.
Según lo aprobado, no se considerará propaganda gubernamental “las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.
Agrega que la veda de propaganda durante procesos electorales se definirá solamente cuando se usen recursos del presupuesto y la limitación no se extenderá a “las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan servidores públicos”.
Con ello, en los hechos, se da carta blanca a AMLO para que ensalce su gobierno, llame a votar, hable bien de su partido, manifieste su parecer sobre la revocación o cualquier otro proceso electoral.
Es decir, lo que de todos modos ha venido haciendo, sin importarle transgredir la ley.
Según Gutiérrez Luna, los impedimentos impuestos por el INE, en obediencia a la propia Ley de Revocación de Mandato, violan los derechos humanos.
Al respecto, el diputado panista Humberto Aguilar dijo que se trató de una “desvergonzada maniobra parlamentaria”.
Su compañero de partido, Santiago Torreblanca, criticó que solo se considere propaganda lo que venga acompañado de una partida presupuestal específica.
Alguien podrá “usar una oficina pública, cámara públicas, medios públicos, para exaltar a su figura, su persona, atacar a sus adversarios, y con eso afectar la equidad de la contienda”.
“Ojo, esta interpretación no únicamente tendrá efectos para la revocación del mandato, ellos pretenden que en futuros procesos electorales se lleve a cabo estar interpretación y que por lo tanto un gobernador pueda usar los medios de comunicación del estado, el área de comunicación social y todos los recursos que estén expresamente etiquetados para exaltar a su figura y a sus candidatos”, dijo.
El diputado Román Cifuentes consideró ilegal lo aprobado por la mayoría, porque las leyes electorales se pueden modificar 90 días antes de un proceso electoral”.
El decretazo aprobado por la mayoría de Morena y sus partidos satélite ya fue turnada al Senado de la República.
