Tras el fin del proceso electoral mexicano, que culminó el 6 de junio, la ONU y la OEA llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a investigar y sancionar todos los hechos de violencia ocurridos durante las campañas electorales y en el día de la votación, incluidos los asesinatos, que fueron producto de la “intensa polarización de la vida pública”.
“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica”, dijeron, en referencia a las elecciones presidenciales de 2024.
En comunicado conjunto, miembros de la ONU y de la OEA fijaron postura ante las decenas de asesinatos políticos y los incidentes violentos que marcaron el reciente proceso electoral, en que se renovó la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de cargos más en todo el país.
Así, a pesar de que el presidente López Obrador ha minimizado la violencia política vivida en campañas, e incluso dijo, este lunes 7 de junio, que el crimen organizado se “portó bien” durante la jornada, expertos en derechos humanos de la ONU y OEA dejaron en claro que no coinciden con lo que señala el gobierno del morenista.
“Llamamos a que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos de los candidatos políticos y las numerosas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones. Esta es la única manera de que México avance democráticamente”, sentenciaron.
Sin embargo, se mostraron amables al reconocer “los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la violencia, incluyendo la reciente implementación de una estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos, y los esfuerzos genuinos para asegurar que ningún votante sea discriminado”. Pero nada dijeron de las declaraciones del presidente, en el sentido de que la violencia política era producto de la magnificación de algunos incidentes por parte de sus adversarios y los medios de comunicación.
Señalaron que el gobierno debe investigar y castigar cada uno de los hechos violentos. Y recuerdan que desde septiembre pasado, en que ya se avanzaba en la conformación de las candidaturas y alianzas, se han verificado al menos 250 asesinatos por motivaciones políticas.
Entre los asesinados se encuentran 35 personas que fueron candidatos y también ha habido agresiones de diversos grados en contra de familias de los candidatos, periodistas y funcionarios de los gobiernos locales. Señalaron que muchos candidatos abandonaron las contiendas por amenazas contra su vida. En total, se contabilizaron 782 agresiones de diversos tipos.
Agregaron que, aunque reconocen los esfuerzos hechos por el gobierno actual, ellos esperaban que no se repitieran “los asombrosos niveles de violencia” que se vivieron en el proceso de 2018”.
“Este año ha sido, si cabe, aún peor”, afirmaron.
