Casos como el fallecimiento de cinco personas por disparos de militares el pasado fin de semana en Nuevo Laredo hacen necesario un análisis del uso de la fuerza y de las medidas para prevenir violaciones a los derechos humanos, consideró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Este miércoles el organismo internacional se pronunció sobre la balacera ocurrida en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del 26 de febrero, en la que soldados mataron a cinco jóvenes e hirieron de gravedad a uno más cuando estos salían de una fiesta e iban desarmados en una camioneta.
Acerca de esos hechos y los casos que ha habido en el país, la ONU-DH consideró que deben conducir al análisis de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza, así como de “las medidas que se deberían adoptar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos, así como para remover todos los obstáculos que enfrenta la procuración de justicia para garantizar el enjuiciamiento y sanción de los responsables”.
Sobre el caso de los jóvenes, la Oficina recordó que, según los estándares internacionales de derechos humanos, “el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana”.
Añadió que las muertes relacionadas con el uso de la fuerza por elementos militares “debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas”.
Por supuesto, la ONU-DH llamó a las autoridades a realizar “una investigación diligente, pronta e imparcial” sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo, además de que les solicitó tomar medidas para proteger a los sobrevivientes, testigos, defensores de derechos humanos y periodistas que han documentado los hechos violentos que concluyeron con la muerte a balazos de los cinco jóvenes.
El pasado martes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer un comunicado en el que afirma que sus elementos dispararon en la persecución de la camioneta donde iban los jóvenes porque escucharon “un estruendo”. Y afirmó que está colaborando con la investigación.
Por otra parte, en la conferencia de prensa presidencial de este miércoles uno de los asistentes criminalizó a Raymundo Ramos, prestigiado defensor de los derechos humanos, al asociarlo con el líder de una banda delictiva, además de que llamó “enfrentamiento” a lo ocurrido sin presentar ningún elemento para sostener su dicho.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, a propuesta del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue el caso.
Y López Obrador también aprovechó el grave asunto para, sin motivo, volver a atacar a la prensa, a medios y a opositores entre risas y la repetición de sus eslóganes.
