Ricardo Raphael, Daniel Moreno y Raymundo Ramos anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la intervención ilegal que de sus comunicaciones hizo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el malware Pegasus.
Después de que el pasado domingo se publicó un reportaje de Mathieu Tourliere (del que dio cuenta etcétera) en el que se dio a conocer que varios periodistas, entre los que están Raphael y uno de Animal Político, así como el activista Ramos, fueron víctimas de espionaje, este lunes se realizó una conferencia de prensa en la que se anunció que esos actos ilícitos serán denunciados ante la FGR.
Asimismo, este lunes Raphael publicó en Milenio el texto “Pegasus, utilizado por el gobierno de AMLO”, en el que cuenta cómo, en ocasión de la publicación y promoción de su libro Hijo de la guerra (acerca de la banda delictiva de los Zetas), fue víctima de espionaje de las fuerzas armadas entre octubre y diciembre de 2019, así como en diferentes fechas de 2020.
“Este hecho contradice las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que en su gobierno no se espía a periodistas”, escribió Raphael.
En conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes, Raphael, Ramos y Moreno comentaron que, efectivamente, sus comunicaciones fueron intervenidas ilegalmente por el Ejército mediante el malware Pegasus.
Raphael refirió que la información obtenida por el malware fue proporcionada por el Ejército incluso a agentes privados, como ocurrió con una llamada suya que le fue entregada a la señora Isabel Miranda de Wallace. Además, aclaró que sus actividades no ponen en riesgo la seguridad nacional.
Dijo que presentará la denuncia respectiva porque cree en las instituciones, pero no en el fiscal, además de que reclamó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, encabezado por Enrique Irazoque y el subsecretario Alejandro Encinas, porque tendrían que hacerse cargo del asunto. Y animó a otros periodistas para que revisen sus dispositivos “porque dudo enormemente que seamos las únicas personas infectadas no por Pegasus sino por el sistema de inteligencia militar que está inhibiendo nuestra actuación”.
Moreno enfatizó que fue infectada toda la redacción de Animal Político porque durante la pandemia trabajaron a través de aplicaciones, por lo que se tuvo acceso a sus materiales y a sus fuentes.
Recordó que desde hace cinco años la FGR está investigando la infección de Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos, pero no ha pasado nada. “En México espiar es un delito impune, absolutamente impune, y eso permite que vuelva a ocurrir”, dijo.
Dijo que esta mañana intentaron preguntarle al presidente sobre qué está pasando: “Queremos saber si el presidente sabía o no sabía. Si no sabía, muy grave: ¿el Ejército espía sin autorización del presidente? Y si sabía, por supuesto, muy grave, porque el presidente no sólo ha ofrecido que no va a haber espionaje, que no lo habría en este gobierno sino, además, las tres víctimas no están vinculadas con actividades criminales”. Y se sumó a la denuncia ante la fiscalía.
Ramos dijo que “es increíble lo que pasa en este país” e hizo responsables al Ejército, a la Secretaría de Marina y al gobierno del presidente López Obrador “de lo que nos pueda suceder a nosotros, a nuestras familias, a las familias que acompañamos”.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, expresó que la fuerzas armadas siguen violando derechos humanos con impunidad, pero que ahora se requiere establecer cuántas personas han sido espiadas y con quién se ha compartido la información ilegalmente obtenida mediante el uso de Pegasus.
Sobre el informe en el que se presentan las pruebas del espionaje, Maldonado afirmó que el Ejército espía de manera ilegal, lo que “contradice las múltiples y reiteradas promesas del presidente de la República en la cual señala que en su gobierno no se contratarían sistemas de espionaje ni se usarían en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos”.
Agregó que lo ocurrido constituye una demostración de que “las promesas y las palabras son insuficientes para evitar que los sistemas de inteligencia sigan siendo utilizados sin ningún control democrático en contra del pueblo de México”.
