Debido a que no lo apoyó para convertirse en ministro de la Suprema Corte, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Ejército por el caso Tlatlaya para que los delitos no prescribieran, informó Latinus.
Entre los documentos hackeados por Guacamaya, ese medio halló un documento de febrero de 2020 de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se recogen declaraciones de defensores de militares acusados de la matanza de 22 personas en Tlatlaya, de las que se desprende que el presidente de la CNDH en 2014 emitió una resolución para que ese crimen fuera considerado de lesa humanidad y, de esa manera, no prescribiera. Ello, debido a que la Sedena no lo respaldó en su pretensión de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esa recomendación fue dirigida entonces a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena; a Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, y Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México.
El mismo documento indica que el procurador general de Justicia Militar intentó acordar con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el desistimiento de Clara Gómez, una de los tres testigos del crimen, en el juicio de amparo contra la libertad del personal militar.
Además, el órgano militar descalificó tanto las declaraciones de otras dos testigos, a las que consideró “viciadas de fondo”, como la revocación de la libertad de los tres militares encarcelados por el caso.
