Un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la penalización del aborto es inconstitucional, su ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que el Poder Judicial asesorará a familias de víctimas de feminicidio y a mujeres imputadas y sentenciadas por la interrupción del embarazo.
En conferencia de prensa el ministro Zaldívar dijo que si bien se ha “terminado de tajo con la criminalización de la mujer”, la agenda en defensa de los derechos de las mujeres no se agota con el tema del aborto sino que se requiere seguir adelante para obtener “una auténtica igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”.
En ese sentido señaló que el Poder Judicial no permitirá que continúe la discriminación contra las mujeres, por lo que se encargará de brindar ayuda en casos de víctimas de feminicidio y de mujeres castigadas por interrumpir la gestación.
“En el Poder Judicial de la Federación no vamos a permitir que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una prisión injusta por ejercer sus derechos. La SCJN ha dictado una sentencia obligatoria, nuestras abogadas y abogados defenderán a las más desprotegidas”, expresó.
Para ello Zaldívar indicó que se ofrecerá asesoría, mediante el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura Federal, “a las familias de víctimas de feminicidio y a mujeres que están siendo procesadas, sentenciadas o pretenden ser imputadas por el delito de aborto. Defenderemos a las niñas más pobres de este país y a las mujeres más marginadas”.
Sin embargo, el ministro presidente reconoció que la SCJN no cuenta con la información detallada de las mujeres que serán auxiliadas mediante ese servicio, aunque lo brindarán, según dijo: “Nosotros asumimos el reto y luego vemos cómo le hacemos para cumplirlo”, explicó.
Además, el ministro anunció otra medida contra la discriminación: la SCJN otorgará licencias de paternidad por tres meses, al igual que ocurre con las mujeres, con lo que, afirmó, se busca acabar “con el estereotipo de la mujer cuidadora, con la discriminación laboral y para romper la brecha salarial”.
Al respecto manifestó que con esa medida el Poder Judicial mexicano se pone a la vanguardia en América en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Por ello se manifestó a favor de que las licencias de paternidad se conviertan en realidad en las instituciones públicas y privadas del país.
Por otra parte, la determinación de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la penalización de la interrupción del embarazo fue celebrada por las representaciones en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Fondo de Población de Naciones Unidas y de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres.
Esas instituciones recordaron que eliminar el castigo penal a las mujeres por terminar con su embarazo ha sido una recomendación reiterada que se ha hecho al Estado mexicano por parte de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos. Además, expresaron su disposición a continuar acompañando la construcción de un entorno de derechos y libertades para las mujeres en México.
