Un grupo de 35 ciudadanos presentó ayer a consideración de la Cámara de Diputados un documento en el que propone 10 puntos para asegurar que el próximo proceso de designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral sea transparente y equitativo.
El texto, realizado tras consultas con organizaciones civiles y sociales, especialistas, académicos y empresarios, plantea que la Cámara y su Junta de Coordinación Política (Jucopo) enfrentan la oportunidad histórica de “construir un modelo de designación de las y los integrantes” del Consejo General del INE, para que sea “un proceso abierto, incluyente, paritario, que traduzca en acciones concretas los principios constitucionales que deben regir el nombramiento de las mejores mujeres y hombres para una encomienda tan importante como organizar las elecciones y fiscalizar el gasto de los partidos políticos en México”.
Así, el grupo, que se autodefine como “diverso y plural de activistas, empresarios, académicos y especialistas en temas electorales”, propone 10 acciones para que el proceso de selección sea “un motivo de orgullo nacional y no una fuente más de controversia, descalificación política y erosión de nuestra democracia”.
El decálogo está dividido en cuatro secciones: la primera, dedicada a la Cámara y a la Jucopo, plantea tres puntos:
1) El proceso de selección debe ser aislado de otros cálculos político-electorales, que no sea una moneda de cambio para otras negociaciones.
2) La convocatoria e integración y designación del Comité Técnico de Evaluación debe cumplir con los principios de máxima publicidad, transparencia, autonomía, equidad y parlamento abierto que establece el marco jurídico.
3) Debe garantizarse la paridad de género en el Comité Técnico de Evaluación, en la cuatros quintetas de aspirantes y en la composición final del Consejo General del INE.
El segundo apartado es sobre la convocatoria y el método de parlamento abierto.
4) Que las reuniones de trabajo de la Jucopo sean de carácter público y transmitidas en el Canal del Congreso y plataformas tecnológicas.
5) Privilegiar el consenso como método para la toma de decisiones.
6) Un calendario de trabajo adecuado para que el Comité Técnico desarrolle sus tareas.
7) Mínimos metodológicos para el proceso de evaluación, entre los que se incluyan aspectos como valoración de aplicar un examen de conocimiento, poder allegar información adicional a la contenida en el expediente presentado por el aspirante, autorización de los aspirantes para dar publicidad a su expediente y a los resultados de sus evaluaciones en el proceso, entrevistas públicas y la obligación del Comité Técnico de Evaluación de rendir un informe sobre su trabajo, entre otros puntos.
El siguiente capítulo es sobre el perfil y atribuciones de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación.
8) Que la propuesta de integración de ese órgano, a cargo de la Jucopo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales debe estar fundada y motivada para cada una de las personas propuestas. Además, sus integrantes deberán acreditar conocimiento de la función electoral.
9) Al ser designados los integrantes del Comité deberán presentar y publicar su declaración de intereses.
El último apartado es sobre las declaraciones de los aspirantes del proceso.
10) Se debe enfatizar que la identificación de información falsa o la omisión intencionada de información relevante para la evaluación será motivo de eliminación inmediata del aspirante.
Entre los firmantes están Maité Azuela, Luis de la Barreda, Ricardo Becerra, Eduardo Bohórquez, Enrique Cárdenas. María Amparo Casar, Salomón Chertorivski, Gustavo de Hoyos y María Marván.
También lo signan Rosa María Mirón Lince, Rodrigo Morales, Jacqueline Peschard, Rossana Reguillo, Pedro Salazar y Arturo Sánchez, entre otros.
Cuatro miembros del Consejo General del INE Marco Antonio Baños Martínez, Pamela San Martín Ríos y Valles, Benito Nacif Hernández y Enrique Andrade González, dejarán sus lugares en abril. Por ello es que la Cámara de Diputados deberá proceder a nombrarlos antes del 1 de abril.
