El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó hoy que 15 mil 608 quejosos han interpuesto 3 mil 431 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Según los datos publicados por el CJF, de ellas 430 fueron promovidas por jueces, 578 por magistrados, 4 mil 364 por secretarios, 991 por actuarios, 4 mil 901 por oficiales y mil 960 por externos.
Las demandas provienen de empleados de muchas dependencias, entre las que destacan Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Competencia Económica, de la Procuraduría General de la República, Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
También hay trabajadores del Instituto Nacional Electoral, del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Asimismo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Gobernación y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Se añaden al listado el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entro otros.
Como se recordará, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el salario del presidente de la República.
Sin embargo, un grupo de senadores promovieron una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, que fue aceptada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien resolvió su suspensión.
Esta última determinación ha sido impugnada por el Poder Ejecutivo e incluso se busca juicio político contra el ministro Pérez Dayán.
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