El gobernador de Chihuahua ha aparecido como el paladín de la democracia, la lucha contra el centralismo y el abuso del poder de la Federación sobre los estados. Los medios de comunicación “nacionales” dieron cuenta de la caravana en favor de la dignidad, las negociaciones con Gobernación y el rescate de la soberanía estatal. ¿Y qué queda? La imagen de un gobernante que lucha por su pueblo y da ejemplo de valentía. Un prócer. ¿Es verdad?
Así como no hay familia, por feliz que parezca, que aguante un close up, tampoco hay gobierno local que, con base en un diferendo con los gerentes generales del país, que lo hace parecer como libertario, esté exento del análisis crítico a sus políticas internas, tan semejantes.
En la segunda quincena de febrero, sin que fuera un tema que mereciera la atención de los diarios y telediarios “nacionales”, inicia un movimiento en la Universidad Pedagógica del estado de Chihuahua (UPNCH). Estudiantes y profesores se inconforman y deciden actuar: además del paro de labores, un par de profesores inician, con 24 horas de diferencia, sendas huelgas de hambre que duran casi una semana. ¿Por qué se movilizan y cuál es la inconformidad de nuestros colegas de Chihuahua?
El muy democrático gobernador, para los reflectores, es profundamente autoritario en su entidad y, en concreto, con la UPNCH que, desde hace años, ya no depende de la sede central de esta universidad en la Ciudad de México. Por increíble que parezca, entre las funciones que tiene el gobernador es la de nombrar a quien ocupe la Rectoría. De este modo, la Universidad es vista por el poder local como una dependencia del gobierno, en la que quien manda pone a un aliado. Nombra como rectora a una incondicional de su partido que es, además, propietaria de una institución de educación privada. Menuda incoherencia: como así está establecido y es facultad del ocupante del Ejecutivo local tal nombramiento, impone su conveniencia sin pensar en la universidad.
¿Y el parecer de los académicos o de los estudiantes? No importa. Justo lo que le ofende del Ejecutivo nacional -la altanería y discrecionalidad en la distribución de los recursos, la falta de rendición de cuentas- no tiene empacho en llevar a cabo en “su” entidad. Aunque la ley así lo diga, ¿no sería propio de un demócrata en serio realizar una consulta y reconocer el valor de la palabra de los estudiantes y el claustro académico de esta institución? Para nada: hágase la justicia, pero en los bueyes de mi compadre.
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