EL DE AYER fue un día para no recordar en Palacio Nacional. Vaya 14 de febrero para Andrés Manuel López Obrador. Tres reveses en la mañanera del Día del Amor y la Amistad.
Primero: la Fiscalía General de la República (FGR) presentó acusación final contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, concluyendo que fueron el exdirector de Pemex y su familia los beneficiarios del soborno.
Segundo: López Obrador repitiendo en su conferencia matutina la narrativa contra los legisladores acusados por Lozoya de recibir los supuestos sobornos, sin saber que la FGR ya desestimó esa versión.
Tercero: se confirma que KEI Partners, para el que trabaja como asesor legal su hijo, José Ramón López Beltrán, es una empresa de papel, creada ex profeso y asociada al dueño de Vidanta, Daniel Chávez.
Lo que ponen en evidencia estos tres hechos es que el discurso de corrupción contra el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto se construyó sobre una base muy endeble de medias verdades y hasta de mentiras.
Si el fiscal Alejandro Gertz fuera auténticamente autónomo del Presidente, cancelaría las órdenes de aprehensión contra Jorge Luis Lavalle y Carlos Treviño, y desistiría de la de Ricardo Anaya.
Simplemente porque las supuestas pruebas de Lozoya no existen, no se sostiene la aplicación de la prisión. Solo los podrían meter a la cárcel por no haber acudido a sus respectivas audiencias, por evadirse, pues.
Con la acusación de la Fiscalía a Lozoya, ¿también se esfuman las denuncias contra Luis Videgaray, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, David Penchyna, Javier García Cabeza de Vaca, Francisco González, Salvador Vega Casillas y otras 63 personas más?
Esa es la interrogante que permea en torno a todos esos imputados y en la propia Fiscalía General de la República, que hoy está en la coyuntura de deslindarse de la agenda política de Palacio Nacional.
El presidente López Obrador se quedó sin balas para sostener su narrativa anticorrupción, justo cuando se le revierte la bandera por la llamada ‘casa gris’ de Houston.
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