La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena de gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanos, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al embajador en Canadá y exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas. Esto no es un thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron, en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja.
La investigación en curso es llevada en Estados Unidos por la CIA, el FBI, la Agencia para el Control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial, que están armando un rompecabezas complejo que presume que el lavado de dinero, que tiene como eje a San Juan, Puerto Rico, por la laxitud de sus controles financieros, con ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela) y, en menor medida, Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.
Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión. Una primera fotografía de esta investigación la aportó la reportera María Idalia Gómez en un trabajo dividido en dos partes en Eje Central, donde reprodujo varios de los correos electrónicos del Ejército que muestran cómo en toda esta trama figuran funcionarios del gobierno de López Obrador que están apostando, por dinero o ideología, a los fines bolivarianos chavistas.
Las figuras clave en el caso mexicano son Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el Presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como el Venezolano, que se presenta como empresario. Previamente a su designación en Puerto Rico, Calderón Jaimes, un diplomático de carrera, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la embajada de México en Venezuela, donde, de acuerdo con informes de la Defensa, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Brizuela Guevara tiene un pasaporte mexicano expedido por un consulado general de Florida y, de acuerdo con un correo de la Defensa del 4 de agosto de 2020, “es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro. En ese mismo correo se le identificó como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.
Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice, el 31 de enero de 2022, sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para “movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas”.
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