Cuando en el sexenio de Vicente Fox se intentó juzgar al ex presidente Luis Echeverría por la masacre del 68 y el halconazo del Jueves de Corpus, en 1971, de manera cínica culpó a Gustavo Díaz Ordaz, quien lo antecedió en el cargo
Por vez primera en el México moderno, uno de sus ex presidentes vivos, Luis Echeverría Álvarez, es colocado en el banquillo de los acusados bajo el cargo de genocidio. Se le finca legalmente el cargo de autoría oficial en la matanza de estudiantes en l968 cuando fungía como secretario de Gobernación en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, y en una más: la de aquel inolvidable jueves de corpus de l971, cuando ya despachaba como omnipotente y omnipresente primer mandatario del país.
El pasado 9 de julio al salir de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado entre empellones y hasta un puñetazo en la espalda que le propinó uno de los innumerables hombres y mujeres que le gritaban incesantemente “¡asesino!”, reconoció que hubo impunidad en ambas matanzas, que se siente “muy lejos de la cárcel” y que, efectivamente, desde 1968 había en el gobierno grupos paramilitares.
Como todos los genocidas hizo alarde de cinismo. Culpó de ambas masacres a Díaz Ordaz en la primera de ellas y al que fue efímero regente capitalino en su gobierno (1970-1976), Alfonso Martínez Domínguez con quien dijo estar dispuesto a sostener un careo, precisamente este mes cuando se reanude el proceso.
A partir de este mes de agosto, pues, Echeverría Álvarez habrá de ser sometido nuevamente a interrogatorio judicial para que responda, sobre todo, a los motivos que tuvo para reprimir el 10 de junio de l971 la pretendida marcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Escuela Normal, del Casco de Santo Tomás al Zócalo capitalino, cuando los motivos de la misma eran bastante baladíes: apoyar el movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo repudiado rector ya había caído, y clamar por el fin de la guerra en Vietnam.
De la tarde y noche negra de Tlatelolco son infinitos los testimonios e incontables e incontenibles las especulaciones que aún se tejen por parte de protagonistas y testigos en torno de esa masacre. “Me someto al juicio de la historia” habría dicho Díaz Ordaz el primero de septiembre de l969 en un mea culpa que nadie aceptó y menos a aquellos sus detractores a quienes el entonces Presidente llamaba “filósofos de la destrucción, críticos de café, constructores de nada”.
Pero, ¿realmente se ha dicho la verdad en torno a las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes normalistas y politécnicos el 10 de junio de l971? ¿Por qué hubo de cargar con las culpas el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF), Martínez Domínguez? ¿Por qué el hasta esos días director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal, coronel Rogelio Flores Curiel, conservaba en la corporación a los sanguinarios jefazos Raúl Mendiolea Cerecedo y Alfonso Frías Ramírez que habían demostrado con creces su condición de criminales el 2 de octubre de l968? ¿Por qué Flores Curiel fue convertido por Echeverría en gobernador de Nayarit? ¿Por qué Martínez Domínguez sufrió el ostracismo político de todo el echeverriato? ¿Qué tuvo que ver en la conformación de grupos paramilitares el general hidalguense Alfonso Coronal del Rosal antes de entregarle el gobierno capitalino a Martínez Domínguez? ¿Por qué ahora la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó al general Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial con Díaz Ordaz, no opinar nada sobre Tlatelolco 68 y el 10 de junio de l971?
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