El pasado 28 de noviembre el Consejo General del INE aprobó solicitar el presupuesto más bajo de su historia.
Ese proyecto de presupuesto fue 37.4% inferior que el de 2018 y 5% menor que el de 2017. Nunca el INE había hecho un esfuerzo similar por contener su gasto. Ello implicó suprimir proyectos, imponer medidas de ahorro adicionales, cancelar 150 plazas, eliminar áreas, y la disminución voluntaria, del 20%, de las remuneraciones de los altos funcionarios.
Se trató del presupuesto más pequeño que ha habido respecto del gasto público. Apenas 19.4 centavos de cada 100 pesos del gasto federal fueron solicitados por el INE. El esfuerzo acorde con la austeridad y la sensibilidad social por parte del Instituto fue evidente.
Sin embargo, nada de eso fue considerado por las y los diputados que, al aprobar el Presupuesto, le redujeron 950 millones de pesos al INE. Fue el recorte más drástico impuesto al Instituto justo cuando se solicitó el presupuesto más bajo.
La situación es grave, porque, sin medir el impacto en sus funciones y sin razonamiento ni motivación alguna, se colocó al INE en insolvencia para cumplir con sus facultades y obligaciones.
Lo paradójico es que para 2019 el gasto público aumentó en casi 10.6% en términos nominales respecto 2018 (de 5.28 billones a 5.84 billones de pesos) o 5.6% en términos reales (descontando la inflación). No había, pues, una razón fundada para ese recorte ni económica, ni constitucionalmente.
Por eso ayer el INE presentó ante la SCJN una Controversia Constitucional pues la reducción implica una clara vulneración a su autonomía e independencia.
El impacto del recorte es tan grande que no se puede absorber sin afectar alguna de las funciones del INE. Es decir, o pone en riesgo la emisión gratuita de millones de credenciales para votar, o las tareas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas, o el monitoreo de radio y TV, o la participación del INE en las 5 elecciones locales, o bien el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la institución.
Nunca al Instituto se le había colocado en un estado de insolvencia para cumplir cabalmente con sus funciones.
Las decisiones que ayer el INE tomó son también inéditas y buscan un equilibrio que permita cumplir con todas sus funciones. Se buscó evitar que el impacto del recorte afecte a las y los ciudadanos en sus derechos, vulnere las condiciones de equidad de la competencia, impida la realización de elecciones libres y auténticas o bien se afecte a los trabajadores del INE en sus derechos. El problema es que el recorte es tan grande que cualquier otra alternativa era indeseable: despidos masivos de personal (sin capacidad económica para las correspondientes liquidaciones y comprometiendo la capacidad del INE para cumplir su mandato); dejar de emitir la Credencial para Votar o, peor, cobrar por ese servicio; dejar de fiscalizar a los partidos; no monitorear más a los concesionarios de radio y TV o bien no participar en la organización de las elecciones locales en curso. Nada de eso era aceptable para el Instituto pues dejaría de ser garante de la democracia mexicana y de los derechos de las y los ciudadanos.
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