A casi seis meses del terremoto del 19 de septiembre de 2017, que además de alrededor de 200 muertos dejó al descubierto, en la Ciudad de México, deficiencias, omisiones, corrupción de diversas instancias de gobierno —delegacionales y del gobierno central—, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, PAOT, ha detectado al menos 134 construcciones que rebasan los niveles y la altura permitidos por la legislación vigente.
Se trata de edificios dotados de permisos falsos, de construcciones irregulares en las que arbitrariamente se aumentaron dos o más pisos, en las que, entre otras cosas, se carece de Manifestación de Construcción y de los permisos de uso de suelo.
Exactamente la historia que ya vimos en el Colegio Rébsamen de la delegación Tlalpan, donde murieron durante el sismo 19 niños y siete adultos, debido a la omisión de las autoridades.
“Pao, mi princesa, solo tenía 7 años, era inocente y estaba indefensa supuestamente en un lugar seguro. Su segunda casa, su colegio, se convirtió en su tumba. ¿Hasta cuándo se hará justicia?”, preguntó la señora Mireya Rodríguez, madre de uno de los pequeños que murieron aquel dramático día.
La tragedia vivida por la señora Mireya se puede repetir. De las 134 construcciones vulnerables detectadas por la PAOT —no significa que sean todas las que existen en la capital del país—, alrededor de 80 se concentran en dos delegaciones. Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. El resto se localiza en Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Xochimilco y Cuajimalpa.
Como jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a que se construyeran edificios de varios pisos en zonas centrales de la ciudad, que habían sido brutalmente golpeadas por el terremoto de 1985. Años más tarde la Norma de Ordenación Número 26 incentivó la construcción de vivienda popular en las mismas zonas.
Ni AMLO ni los que vinieron después consideraron el suelo de riesgo en que habían mandado construir una parte importante de la ciudad post-1985 —cuya realidad emergió con el terremoto ocurrido 20 años más tarde.
La Norma 26 fue explotada por las inmobiliarias sin escrúpulo alguno. Bajo el pretexto de construir viviendas populares, los empresarios de la construcción lograron levantar torres de lujo, con escrituras, cuentas catastrales y de agua, falsas o irregulares.
Durante el gobierno de Marcelo Ebrard la ciudad vivió uno de los casos más escandalosos, en una construcción que no solo excedió la altura y los pisos permitidos, sino logró apoderarse, incluso, de una calle.
En 2011, vecinos del Pedregal informaron a la panista Mariana Gómez del Campo que, con el contubernio de diversos funcionarios públicos, se había entregado a particulares ¡una calle! La calle Fuente de la Alegría.
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