Aun cuando la atención habrá de centrarse en las consecuencias del COVID-19, el diálogo político que dejaron los eventos del domingo 8 y lunes 9 de marzo continuará.
Es un diálogo entre gobernantes y gobernadas, entre las élites del poder y amplios sectores de la población que, en su calidad de ciudadanas, participan en una sacudida cultural contra la violencia de género.
Y si bien esta ola del feminismo tiene la mirada de sospecha del gobierno, las movilizaciones de miles de mujeres reclamando justicia y seguridad deben entenderse como expresiones del cambio que el país experimenta con la Presidencia de López Obrador.
Sabemos que su triunfo hace 20 meses materializó un mandato de transformación de fondo, una vez que el 53 por ciento de los electores asumieron el diagnóstico de que ésta era una sociedad corrupta, desigual y excluyente.
De manera que, al margen de la sanción presidencial hacia las reivindicaciones feministas, éstas son una continuidad natural y comprensible de ese gran pedazo de país que, en julio de 2018, votó por una convivencia sin impunidad y sin injusticias institucionalizadas.
Entender esa dimensión política de la primavera violeta mexicana –que la marcha y el paro se inscriben en el impulso a favor de un cambio de fondo de la sociedad mexicana– resulta clave para dos ilusiones que se estrellarán con la realidad: la de quienes esperan que esta coyuntura sea flor de un día y la de quienes pretenden capitalizarla como plataforma anti López Obrador.
Y es que desde ya podemos augurar que ambos grupos de ilusos terminarán decepcionados.
Porque quienes le apuestan al desvanecimiento de una moda, deben saber que, tanto en la marcha dominical como en el paro El9NadieSeMueve, hubo un auténtico clamor popular en contra del acoso y la violencia sexual y de un Estado incapaz de castigar la máxima expresión de machismo y misoginia: los feminicidios.
Mientras que para el caso de los ilusos que, desde la oposición o intereses antigubernamentales, hacen cuentas alegres de que podrían beneficiarse electoralmente en el 2021 con esta revuelta feminista, es importante que asimilen la mala noticia: este movimiento es liberal y ninguna opción cercana, afín o alineada a la derecha tiene algo qué ofrecerle.
Suena rudo. Pero el impulso transformador de las demandas feministas tiene en la mira a las estructuras patriarcales, a la política de cúpulas, a los valores conservadores, al status quo que valida los roles de supeditación femenina y supremacía masculina y, por supuesto, a la explotación laboral y a la brecha salarial adversas doblemente para las mujeres.
De ahí que esta primavera violeta deba ser asignatura obligada para la puesta al día de las plataformas electorales. ¿Qué pueden ofrecerle los partidos a las mexicanas que gritaron “Ni una más”, “Vivas nos queremos”, “Estado feminicida”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”?
Las feministas de Morena deberían ser las primeras en construir una respuesta, reivindicando así la tradición de izquierda del movimiento de mujeres. Pero en una de las paradojas más retardatarias de la autoproclamada Cuarta Transformación, sus legisladoras y funcionarias no se atreven a discrepar con el presidente López Obrador en ese juicio de que hay mano negra detrás de las movilizaciones.
Es cierto que la oposición cuenta con parlamentarias y políticas comprometidas con la agenda de la igualdad sustantiva, pero me temo que las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano ni siquiera se han asomado a comprender los liderazgos horizontales y contestataríos de las organizaciones feministas que desbordaron el Zócalo capitalino el fin de semana pasado y que encarnan las nuevas maneras de hacer política.
El partido que más lleva las de perder frente a la ola violenta es Acción Nacional, cuyo segundo lugar en el actual espectro político podría peligrar si continúa escalando el discurso en favor del derecho a decidir y la despenalización del aborto, una causa que los panistas nunca se han atrevido ni siquiera a revisar.
Por lo pronto, la visibilización de la violencia machista toma auge en las universidades públicas y privadas, confirmando la fuerza liberal y anti statu quo de un movimiento que ha encontrado eco en las aulas.
Y esa masa crítica de jóvenes conscientes de la ceguera misógina de las instituciones y del Estado ha puesto en jaque a rectores, académicos y autoridades escolares que ahora mismo están diseñando salidas para frenar y castigar el acoso sexual, tan normalizado en la vida pública.
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