No es que Eduardo Medina Mora, como Pepe El Toro, sea inocente. Es más, muy probablemente, las cuentas bancarias o las transferencias recibidas en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, son fruto de los negocios que se hacen desde el poder cuando fallan las instituciones encargadas de cuidarle las manos y revisar la chequera de los servidores públicos, como parece que están fallando ahora, por cierto.
En otras palabras: que Medina Mora sea un corrupto y además, que a su paso por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) haya cometido los mismos errores que sus predecesores (violaciones a derechos humanos, violación de la privacidad de opositores, fabricación de culpables, etc.) puede ser tan real como que este gobierno canceló las Estancias Infantiles aduciendo que eran un nido de corrupción, pero sin meter preso a nadie.
Es más, no me preocupa, en lo más mínimo, la suerte del ex funcionario en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Lo que me llama la atención es que con el que puede bautizarse ya como el “Caso Medina Mora”, se inicia formalmente una guerra: la del gobierno del presidente López Obrador en contra del único poder que no está sometido, hasta hoy, a su proyecto político que él llama “transformador”, el Poder Judicial.
Recapitulemos un poco: desde principios de junio pasado se inició la andanada de señalamientos y la presión contra el ex embajador en Estados Unidos. El primero en lanzar la señal para el linchamiento, fue el propio presidente, quien, desde su Santuario Mediático llamado popularmente como “las mañaneras”, tiró línea para cuestionar, con base a información que muy probablemente resultará cierta, al hasta este 3 de octubre ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A partir de los dichos presidenciales, la información con que cuenta el gobierno federal se fue filtrando descaradamente en medios afines, en redes sociales, hasta que todo indica que el mensaje cumplió su cometido.
Medina Mora ha renunciado y con él, la ficha más sucia, el engranaje más débil de la Suprema Corte de Justicia de México, ha caído al suelo del descrédito y entonces será cuando comience la verdadera campaña, o más bien, cuando empiece a salir a flote mediático el verdadero objetivo de esta renuncia: advertirle al resto de los ministros, que las instituciones del Estado, de la que ellos son garantes, están siendo utilizadas para vigilarlos, para escudriñar sus movimientos, sus ingresos, y los de sus familias.
En México, ya sabemos lo que pasa cuando un presidente ordena algo, y más cuando ese presidente es uno que desprecia a las instituciones, que asume que puede actuar por fuera de la legalidad y que no tolera que le lleven la contraria. No hablo de Gustavo Díaz Ordaz, tan recordado en estos días. Hablo de la figura presidencial de los tiempos del partido único, la del todo el poder concentrado en una persona, esa que ha reivindicado para sí en su estilo de gobernar el presidente López Obrador.
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