El objetivo principal de López Obrador es figurar en la historia nacional como el presidente que acabó con los privilegios del viejo régimen, contando con un amplio apoyo popular y respaldado por fuerzas militares incondicionales para usarlas cuando sea necesario “para beneficio y en defensa del pueblo”.
Lograr ese propósito así sea pasando por encima de las leyes, las instituciones y la Constitución o, en todo caso, modificarlas a conveniencia para sacarlo adelante.
Y, de ser necesario, convocar a un nuevo Congreso Constituyente que apruebe una nueva constitución que no prohíba la reelección.
Por eso, la discusión en el Senado de la República sobre la Guardia Nacional con el método de Parlamento Abierto resulta una simulación, ya que AMLO avanza aceleradamente en la ruta de darle mayor participación y peso al ejército en tareas de carácter civil.
Sí bien la práctica de Parlamento Abierto no tiene un efecto vinculatorio sí obliga a asumir una suerte de suspensión temporal en las decisiones sobre la materia a debatey debiera ser un elemental compromiso moral para no engañar a quienes se ofrece escuchar. Pero los hechos hablan de una actuación inmoral del presidente.
Si el gobierno dice que ya no hay guerra contra el narco, que ¡”no es su deber detener capos”!, que habrá amnistía para los corruptos de sexenios anteriores y que la solución a nuestros males nacionales es que todos seamos buenas personas, entonces ¿para qué quiere una guardia nacional integrada, capacitada y dirigida por militares?
Ya una gran cantidad de prestigiados especialistas y organizaciones conocedoras de los temas de seguridad y defensa de derechos humanos han advertido sobre los peligrosísimos riesgos de meter a los militares en labores de seguridad pública, propias de las autoridades civiles, porque sería establecer un régimen autoritario con un camino sin retorno, a costa de libertades y derechos democráticos.
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