Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar la operación Rápido y Furioso y pedir información a Estados Unidos, no se entendía en Washington cuál era la razón para abrir algo que estaba cerrado. Lo que no sabían era que la motivación detrás de ello era poner al expresidente Felipe Calderón en el banquillo de los acusados y juzgarlo. Pero lo que López Obrador no sabe es que, si quiere llegar a fondo, quizá termine mordiéndose la cola el gobierno y afectando a quien más quiere proteger y de quien depende su estabilidad política, el Ejército.
La investigación de Rápido y Furioso, una operación fallida de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Phoenix, Arizona, hace 12 años, provocó una investigación en el Congreso que estuvo a punto de poner en la cárcel al entonces procurador Eric Holder, por desacato. El caso se extendió hasta 2019, cuando los demócratas, para entonces con el control de la Cámara de Representantes, sobreseyeron la investigación.
Durante aquellas audiencias en el Capitolio hablaron los responsables de ATF en Phoenix, Washington y México. En una audiencia en el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental en julio de 2011, William Newell, que era el jefe de ATF en Phoenix, reconoció que si bien informó a la oficina en la embajada y a la Procuraduría General de la República, no les dio detalles de que las armas que estaban rastreando “caminarían” a México. Newell dijo que en 2010, después de iniciado Rápido y Furioso, informó al representante de la PGR en Phoenix, Carlos Luque Ordoñez, de lo que estaban haciendo, “aunque no en específico”.
Luque Ordoñez era el funcionario del gobierno de Calderón que más sabía de la operación, pero no figura entre las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de la República este año contra presuntos responsables de una supuesta colusión con el gobierno de Estados Unidos. No es algo extraño.
El exdelegado de la PGR en Phoenix es hijo del general Carlos Fernando Luque Luna, que fue jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial, responsable de la inteligencia y contrainteligencia militar, cuando el secretario de la Defensa era el general Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, de donde saltó a coordinador del Centro de Planeación para el Control de Drogas, bajo las órdenes del procurador, el general Rafael Macedo de la Concha, en el gobierno de Vicente Fox, y de ahí a jefe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en el gobierno de Felipe Calderón.
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