En plena emergencia sanitaria, y a pesar de las condiciones extraordinarias que la pandemia impone, la terca realidad hizo de las suyas esta semana, imponiéndole al gobierno federal situaciones de una normalidad política que creíamos perdida.
Sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde por unanimidad sus ministros rechazaron “el fraude constitucional” que operadores de la llamada Cuarta Transformación armaron para que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ampliara de dos a cinco años su mandato.
Por supuesto que esa maniobra fue validada por legisladores de un gobierno estatal del PAN que así esperaba evadir las potenciales investigaciones por presuntos malos manejos del erario.
Pero también hay registro de la defensa que la cúpula de Morena de Yeidckol Polevnsky hizo en su momento de aquella pretensión y de la consulta que se armó para darle legitimidad, como lo dicta el discurso oficial.
Peor aún: el gobernador Bonilla nunca fue llamado por el gobierno federal a que rectificara en lo que este lunes 11 de mayo el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, calificó como una burla a la voluntad popular, una maquinación de efectos corruptores.
Por el contrario, en la búsqueda de argumentos políticos y maromas legaloides para justificar la ampliación de mandato del morenista, mancharon sus tareas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Ricardo Peralta.
De manera que, si bien los argumentos de los ministros hoy se aplauden como cosa obvia dentro y fuera de la administracion federal, queda el registro de los días en que el gobierno y su partido dejaron correr la ocurrencia anticonstitucional.
Y es justo por eso, antecedentes del nebuloso proceder morenista y gubernamental que el resolutivo de la Corte a una controversia interpuesta por la oposición nos ha devuelto a la indispensable normalidad del equilibrio de poderes.
Sin embargo, ese regreso a la terca realidad no depende únicamente de los requeridos contrapesos en toda democracia que se precie como tal. También cuentan las evidencias, las limitaciones institucionales que impiden a los gobernantes transformar por decreto y a voluntad las fórmulas que antes deploró en sus antecesores.
Así que, en pleno pico de la pandemia, y a la espera de inaugurar la nueva e incierta normalidad postconfinamiento, el presidente López Obrador asumió la insoslayable necesidad de que los elementos del Ejército y de la Marina sigan siendo los protagonistas de la seguridad, dando por hecho la insuficiencia de la Guardia Nacional que se había creado para distinguirse de los dos sexenios anteriores.
Más allá de las críticas de la oposición, la cual señala este giro como prueba del fracaso de la estrategia que en la materia conduce el secretario Alfonso Durazo, y de la narrativa que prometía pacificar al país con abrazos y no balazos, lo cierto es que hubo una significativa rectificación, esa legítima, necesaria y común capacidad de los gobernantes cuando sus fórmulas fallan. Lo mismo le pasó al presidente Peña Nieto cuando quiso integrar una Gendarmería que se quedó en el papel.
Si bien el Presidente asegura que la suya no es la misma ruta que se siguió en el sexenio de Felipe Calderón, lo cierto es que como entonces, esta semana se ha defendido el carácter imprescindible de los militares, regresando retórica y materialmente a la normalidad del pragmatismo, obligado cuando ni la cuarentena consigue que la violencia criminal descienda.
Es un pragmatismo que la coyuntura del covid-19 ha subrayado ante la documentada resistencia de los gobernadores a ceñirse al guion de Palacio Nacional, tanto en el manejo de la pandemia como en el regreso a clases y a la anhelada normalidad, pasando por el registro de las pérdidas humanas y el cuestionamiento a las cifras y recomendaciones del subsecretario Hugo López-Gatell.
Lejanos suenan los días en que, fuera por los superdelegados enviados a las entidades o la imposición de las mañaneras estatales de seguridad, se decía que estaba de regreso el centralismo presidencial y que los mandatarios estatales acabarían sometiéndose a sus dictados.
Aunque no se trata de una nueva versión de la Conago, la que tanto padecieron los expresidentes Vicente Fox y Calderón, lo cierto es que en Nuevo León, Jalisco, Chihuhua y Tamaulipas, por mencionar los casos más sonados, se pusieron en marcha seguimientos epidemiológicos alternativos y cada entidad diseña desde ya la mejor manera de volver a la nueva normalidad,
Por lo pronto, la fuerza federalista contagió, incluso, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien también tiene sus propias cifras en el registro de los daños y ha ofrecido cautela y ritmo propio para ir desmontando la emergencia.
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