La disminución de los recursos incluso respecto al gobierno anterior y el desmantelamiento de las dependencias oficiales han sido dos de los aspectos más importantes de la política ambiental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En un amplio reportaje con el título de “Matar el futuro: la 4T y el fin de la política ambiental en Méxuci”, de Evlyn Cervantes, Javier Martínez y Leonardo Núñez, publicado por MCCI, se da cuenta de la disminución del presupuesto y la destrucción administrativa en materia de preservación del medio ambiente.
MCCI encontró que en, términos presupuestales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2016 ha visto disminuido su presupuesto: si en 2015 fue de 100 mil millones de pesos, en 2018 ya sólo fue de 47 mil millones. Sin embargo, con el gobierno de López Obrador llegó hasta sólo 33 mil millones en 2021, y aunque en 2023 apenas alcanzará el nivel de 2016, no todos los recursos son dedicados a la protección del medio ambiente.
Al respecto, un experto entrevistado por MCCI indico que, presupuestalmente, el actual gobierno federal tiene entre sus prioridades proyectos como la refinería de Dos Bocas y el fortalecimiento del sector energético a partir de combustibles fósiles y sin gasto programado para la inversión en energías limpias para reducir emisiones contaminantes.
MCCI reporta que entre los programas que están catalogados para “la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” en el Presupuesto de Egresos están la construcción del Tren Maya, Sembrando Vida y el transporte de gas natural, que concentran el 70.6 por ciento de los recursos destinados al combate al cambio climático.
Sin embargo, el trabajo de MCCI muestra la destrucción ambiental que ha implicado el Tren Maya, cuyas obras iniciaron y se desarrollaron incluso sin manifestación de impacto ambiental, y los efectos de deforestación de Sembrando Vida al fomentar la eliminación de arbolado nativo de bosques para sustituirlo por árboles frutales y maderables, con resultados muchas veces inciertos.
Hay otros datos sobre los organismos dedicados al cuidado del medio ambiente: durante el actual gobierno la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha tenido un presupuesto anual promedio de 2 mil 537 millones de pesos, muy por debajo de la cifra de la de la administración de Peña Nieto: 6 mil 266 millones.
Lo mismo ocurre con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): en el anterior gobierno promedió anualmente mil 34 millones de pesos, mientras que en el actual es de sólo 787 millones. Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales Protegidas tiene un presupuesto para 2023 de 930 millones, aún debajo de los mil 132 millones del último año de Peña Nieto.
El desmantelamiento institucional también ha sido política del gobierno de López Obrador en materia ambiental. Así, por ejemplo, las delegaciones de la Semarnat y las de la Profepa, en las entidades de la República ahora son oficinas de representación administradas por las Delegaciones de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.
El trabajo de MCCI también menciona que en la Semarnat fue eliminada la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, mientras que otras subsecretarías son encabezadas por personal proveniente de la Secretaría de Bienestar. Asimismo, la Conafor pasó a ser dirigida por un operador político de Morena.
También en ese cambio de personal es de destacar que cuando Jose Sarukhán Kermez, uno de los mayores expertos en la materia en el mundo, renunció a la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, fue sustituido por Daniel Quezada, cuyas principales credenciales eran haber sido fundador de Morena en Hidalgo.
No sólo ello: esa dependencia vio reducido su personal en un 30 por ciento por el despido de unos 250 de sus trabajadores.
También, por motivos de “ahorro”, fueron desaparecidos los institutos Nacional de Ecología y Cambio Climático y Mexicano de Tecnología del Agua, cuyas funciones fueron transferidas a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua con ahorros mínimos. Asimismo, se reporta falta de personal para la atención de varios procesos de gestión ambiental, algunas tan importantes como las manifestaciones de impacto ambiental.
