Judith Calderón, exsecretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) confirmó esta mañana que ganaron el conflicto laboral que mantenían con Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. (Demos), la empresa que edita el diario, desde 2017 cuando se suspendió el contrato colectivo.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Calderón Gómez explicó que la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México es definitiva y los directivos deben cumplirla.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo del Sitrajor expuso que el laudo dictado por la Junta de Arbitraje el pasado 22 de octubre, estipula que pese a las condiciones económicas que atraviesa la empresa, no se pueden modificar las prestaciones del Contrato Colectivo, por lo que -manifestaron- “fue ilegal habernos retenido nuestras prestaciones desde enero de 2017”.
En el comunicado expusieron los cuatro puntos principales del laudo:
- “Primero. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje acata y resuelve en definitiva y en cumplimiento a la resolución emitida por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en septiembre de 2018.
- “Segundo. La JLCA señala que si bien existe una situación económica de Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV., esta no imputable a los trabajadores del Sitrajor.
- “Tercero. La Junta declara improcedente la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo del Sitrajor (CCT) que había demandado Demos; por o tanto, el CCT queda vigente con todas sus prestaciones.
- “Cuarto. El laudo absuelve al Sitrajor de modificar las condiciones de trabajo, por lo que confirma que las condiciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente por el bienio 2015-2017 deberán ser respetadas por la empresa”.
Al respecto, Judith Calderón explicó que la única forma de que el sindicato llegue a un acuerdo con Demos, es que se pague en plazos a los trabajadores el dinero que dejaron de pagar desde 2017. Apuntó que sólo en este año, la suma asciende a 60 millones de pesos.
Cuestionada por la crisis financiera que desde años ha hecho de conocimiento público el diario, la exlíder recordó que el problema de La Jornada es de organización: “El segundo de Carmen (la directora) gana 180 mil, hay un problema de desorden, de desorganización, se los explicaron los peritos que contrató La Jornada, el sindicato, diciendo que sus gastos de operación son excesivos”.
“Hay medios suficientes, ve cómo viven ellos, no es posible que digan que no hay dinero, ve la publicidad de La Jornada, hay dinero, el problema está en la mala distribución y el mal manejo que han hecho en detrimento de todos”, agregó.
Calderón también dijo que sólo los abogados necesitan solicitar un auto de ejecución forzosa para que el laudo se cumpla. De lo contrario, se embargarían los bienes de la empresa para rematarlos y distribuir el dinero entre los trabajadores.
“Se nombraría a un administrador que ocupa el lugar de la directora porque esta resolución es obligatoria, si no hay cumplimiento, se le puede multar a Demos y se puede arrestar a la directora”, añadió.
“Es un asunto muy delicado, ya lo ganó el Sitrajor. Lo que se puede llegar es a un acuerdo de plazos, no más, porque en todo lo demás ellos han actuado de una manera prepotente y violenta. Hay 55 trabajadores que se tuvieron que ir, somos 18 despedidos y 12 que estamos pidiendo la reinstalación. Ya dijeron los tribunales que la huelga fue legal, no cometimos ninguna falta”.
Por otro lado, declaró que lo más grave del fallo es que Carmen Lira pasará a la historia como una persona que atacó los cimientos de La Jornada y una organización sindical, violó los derechos humanos de los trabajadores e incumplió con el artículo 87 al despedir a dos dirigentes.
El pasado 10 de septiembre, poco después de que los magistrados del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito ordenaron a la JLCA restablecer el contrato colectivo, La Jornada, a través de su editorial, calificó la sentencia como “irracional, incomprensible, contradictoria e incoherente”, toda vez que el Tribunal reconoció la difícil situación financiera que enfrenta Demos.
Advirtió que la sentencia podría llevar “al cierre del periódico, a la pérdida de cientos de puestos de trabajo y a la cancelación de un proyecto informativo de más de tres décadas que ha resultado fundamental para el desarrollo político del país y que se ha convertido en un punto de referencia imprescindible sobre el acontecer nacional e internacional”.
Hasta el momento, los directivos no han emitido más declaraciones sobre el laudo que deben acatar.
