Rosario Robles Berlanga renunció a un procedimiento abreviado (que le otorgaría algunos beneficios si se declaraba culpable) y se declaró inocente en el proceso que se le sigue por dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en el caso conocido como la Estafa Maestra.
Después de que fracasaron las negociaciones con los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes le pedían que para acceder a alguno de los beneficios debería resarcir el daño de 5 mil 500 millones de pesos, en la audiencia intermedia realizada este viernes Robles Berlanga se declaró inocente ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien también avisó de que rechazaba el procedimiento abreviado.
Antes Robles Berlanga había ofrecido declararse culpable, por lo que sería condenada a seis años de prisión. Pero se negó a un punto en el que no ha cedido la fiscalía: la reparación del daño, una cifra multimillonaria, debido a que en la acusación contra ella el asunto es otro.
Por parte de la fiscalía, sigue en pie su solicitud de castigar a la exfuncionaria con 21 años de cárcel (la pena máxima) y con la reparación del daño por los 5 mil millones de pesos.
Según informó Epigmenio Mendieta, defensor de Robles Berlanga, ella hizo verbalmente su declaración de inocencia de los delitos que le imputan los fiscales. También dijo que el proceso se encuentra en el debate de los testigos, pero que la FGR ya ofreció presentar en el juicio a tres de los 53 testigos ya aprobados por el juez.
Los defensores de la exjefa de Gobierno del Distrito Federal ya ofreció más de 50 datos de prueba a su favor, entre lo que se incluyen testimonios de exfuncionarios como Emilio Zebadúa, Enrique González Tiburcio, Juan Carlos Lastiri Quirós y Javier Guerrero García, quienes la acompañaron en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
También se informó que un juez negó la suspensión definitiva a Robles Berlanga por violaciones a sus derechos humanos que en su contra habría cometido Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.