Uno de los temas fundamentales del sistema presidencial es la relación entre poderes. Se han creado instituciones para dar curso a la justicia y también para el control horizontal del gobierno. La intervención del Congreso o de una de sus Cámaras para la designación de funcionarios federales es una de las fórmulas utilizadas. El Senado ratifica el nombramiento de procurador y también el Senado elige, con mayoría calificada, al fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales.
En días pasados, el procurador encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, removió al fiscal designado por el Senado, Santiago Nieto. El hecho dio lugar a una intensa controversia política, legislativa y jurídica. El Senado había sido convocado, dado que estaba a prueba el sistema de contrapesos y la función de la Cámara alta sobre los actos de funcionarios del gobierno, para ratificar la remoción o para reinstalar al fiscal Santiago Nieto. Empero, el ex fiscal especial ha declinado su caso ante el Senado, lo que seguramente dejará sin materia el tema.
Partamos de algo que se olvida en el debate que este tema había generado: los órganos legislativos no fueron creados para impartir justicia. Lo hacen en situaciones excepcionales y casi siempre, aquí y en el resto del mundo, su actuación no es la que mejor se apega a las normas propias del proceso judicial. Así es porque en la democracia contemporánea, la forma de actuar de las Cámaras es mediante la intervención de los partidos políticos o grupos parlamentarios, movidos por intereses las más de las veces incompatibles con el espíritu de la justicia, de dar a cada quien lo que le corresponde. En esta tesitura especial de legisladores que representan también a sus partidos, la disciplina partidista es un tema controvertido, pero al final es funcional para la democracia representativa y el trabajo parlamentario. No se elige a una persona, sino a un representante a través de un partido. En todo caso, ahora existe la figura del candidato independiente para que sea el ciudadano quien avale a un representante sin apego partidario.
Hay temas fundamentales y excepcionales en los que el legislador cuenta con libertad: asuntos como los de conciencia. En mi opinión, también son aquellos cuando una comisión o el pleno de la Cámara se erige en juez. Por elemental lógica, no puede haber justicia si se somete al dictado partidario. La actuación de cualquiera de las Cámaras en temas de justicia son de tanta importancia que los legisladores deben actuar con libertad y, para ello, votar en secreto.
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