Mediante argucias legales, el gobierno de Claudia Sheinbaum se negó a transparentar cuánto dinero gastó en hacer la publicidad del Cuarto Informe de Gobierno, que difundió en redes sociales, radio, carteles, autobuses, cine, espectaculares, folletos y más.
De acuerdo a una resolución emitida por el Instituto de Transparencia de la CDMX (INFOCDMX), la jefatura de gobierno capitalino buscó entorpecer el acceso a la información de un ciudadano que solicitó saber cuánto se gastó en publicidad y otros rubros para realizar y difundir el informe de gobierno que presentó Sheinbaum el 3 de octubre en el Auditorio Nacional.
Ello, mediante el recurso de no enviar la solicitud a la dependencia o dependencias competentes para cumplir la petición y en cambio, indicando al ciudadano que por él mismo se dirigiera a otra área.
La petición original fue enviada directamente a la jefatura de Gobierno y asumida por la Dirección General de Administración y Finanzas, que respondió no haber localizado información sobre los gastos en publicidad, y únicamente manifestó poder enviar copias públicas de tres facturas relativas al evento en el Auditorio Nacional, por un total de 1 millón 543 mil 99 pesos, a cambio de que pagara los gastos de impresión de los documentos.
Estas tres facturas representan únicamente una fracción de los gastos hechos para el informe y de acuerdo con la ley, si la información solicitada no excede de 60 hojas, se entregará de forma gratuita. Las mencionadas facturas solo son 7 páginas.
La resolución, con fecha 1 de febrero y que obra en poder de etcétera, señala que el gobierno capitalino “violentó el derecho a la información” del ciudadano que solicitó lo siguiente:
“1.- Costo de la difusión en espectaculares, medios impresos, anuncios en medios digitales y redes sociales, transporte público, salas de cine y otros espacios de difusión.
2.- Versión pública de contratos y facturas a empresas para gastos de mobiliario, equipo de sonido, grupos musicales, autobuses, invitaciones, videos, spots y cualquier otro gasto con motivo de la celebración del evento del 3 de octubre en el Auditorio Nacional.
3.- Costo de producción y pauta de materiales de difusión en medios electrónicos, en concreto radio y televisión, así como el nombre de las empresas productoras y la versión pública de los contratos respectivos”.
Las facturas mencionadas arriba respondieron parcialmente al punto 2 y no han sido entregadas, ya que el ciudadano se inconformó porque se le quería cobrar “información que es gratuita”.. Los puntos 1 y 3 no fueron respondidos.
Respecto a ello la Dirección General de Administración y Finanzas respondió que “esta Unidad Administrativa no genera, administra ni detenta la información de interés de la persona solicitante”, pero que aun así, se dio a la tarea buscar “sin que se haya localizado documentación o información alguna”.
Por ello, le indicó al ciudadano que se dirigiera a la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, que depende de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de su Unidad de Transparencia, con lo que faltó a la normatividad, pues debió haber turnado la solicitud en apoyo al ciudadano y en cumplimiento de la norma.
También se faltó a la normatividad al restringir la búsqueda únicamente a la dirección de Administración y Finanzas, ya que hay dos áreas más que “son competentes para atender a lo requerido”: Dirección General de Logística y Jefatura de Unidad Departamental de Estrategias.
“Dichas áreas cuentan con información respecto de los requerimientos relacionados con el cuarto informe de gobierno”, pero la búsqueda no se hizo en sus archivos, enfatiza la resolución.
Agrega que la norma indica que cuando la unidad de transparencia de algún área no pueda atender una solicitud, la deberá canalizar a la unidad correspondiente o competente, más no indicar al ciudadano que lo haga por él mismo.
Es obligación de “las unidades de transparencia, además de orientar al solicitante a presentar su petición ante la entidad competente (el) remitir dicha solicitud ante ese sujeto obligado, lo cual no aconteció en el presente caso”.
“Por lo tanto, la actuación del sujeto obligado violentó el derecho de acceso a la información de quien es solicitante, toda vez que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, debió de turnar la solicitud, no solamente ante la dirección general de Administración y Finanzas sino también ante la Dirección General de Logística y de la Jefatura de Unidad Departamental de Estrategias”
Por ello, el instituto ordena a la jefatura de gobierno “que dichas áreas realicen la búsqueda exhaustiva de lo solicitado”.
La solicitud ciudadana se presentó el noviembre de 2022. La respuesta del gobierno capitalino ocurrió el 5 de diciembre. El ciudadano se inconformó el 12 de diciembre, por lo que el asunto llegó al INFOCDMX.
El 1 de febrero pasado se ordenó a jefatura de gobierno que ampliara su búsqueda y que enviara la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas.
A la fecha, 27 de febrero, no ha habido respuesta, pues esa información no se ha hecho pública.
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