Con las reducciones anteriores se han logrado ahorrar 36 mil pesos por cada legislador, comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expresó hoy que sí habrá una reducción del 28% en las percepciones de los legisladores al eliminarse algunas “prestaciones de privilegio”.
El legislador explicó que esas las percepciones de los diputados, que no son sólo su salario sino también otras prestaciones e ingresos, llegaban hasta poco más de 128 mil pesos. Sin embargo, con el recorte su monto será de solamente 91 mil 500 pesos.
Así, con las medidas acordadas por los coordinadores parlamentarios se ha logrado un ahorro de más de 36 mil pesos por cada diputado. Asimismo, se acordó una reducción de 140 millones para contratación de personal de confianza y honorarios.
Los ahorros se obtienen básicamente de la cancelación del seguro de vida y de gastos médicos mayores, de vales de alimentos y de gasolina, de contratos de arrendamiento y eliminación del fondo de ahorro.
Sin embargo, permanecen otros apoyos, como los que se entregan a los legisladores por los conceptos de asistencia legislativa y atención ciudadana.
Delgado también anunció que, una vez que sean integradas las comisiones del órgano legislativo y después de que sea aprobada la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional en materia de sueldos y salarios de los servidores públicos, habrá más recortes a las percepciones de los legisladores.
Los coordinadores parlamentarios comentaron que las medidas de austeridad fueron producto de “un acuerdo aprobado por unanimidad y una muestra de voluntad de todos los partidos por la austeridad”. Reconocieron que esto es aún insuficiente pero que es un primer paso, por lo que seguirán revisando el gasto; pero exagerar los recortes pondría en riesgo las labores legislativas y los derechos de los trabajadores de la Cámara, agregaron.
Hubo diputados, como el panista Jorge Luis Preciado, que han exigido que los lineamientos deben ser debatidos en el pleno del órgano legislativo, además de que debe definirse el destino de los recursos ahorrados.
