La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió sumarse a la suspensión de labores contra la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una mayoría de ministros votó por apoyar a los trabajadores de la institución, mientras que las tres ministras obradoristas, entre ellas la “del pueblo”, se alinearon con el tabasqueño.
En su sesión privada de este martes el Pleno de la SCJN determinó asumir la suspensión de actividades que acordaron los trabajadores del organismo en una votación realizada el pasado lunes. La mayoría de los ministros así lo decidieron por ocho votos contra tres.
Los que estuvieron a favor del paro determinado por los trabajadores fueron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta, Norma Piña.
En contra estuvieron las ministras del oficialismo: Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
De esa forma, las sesiones de las salas del máximo tribunal programadas para el miércoles y las del Pleno para el jueves no se llevarán a cabo, pero se mantendrán guardias y no correrán los plazos hasta el próximo lunes, cuando, también en sesión privada, se valorará la situación hasta ese momento para tomar las siguientes decisiones. Asimismo, los asuntos urgentes serán atendidos de acuerdo con el criterio de los ministros.
Ortiz Ahlf, Batres Guadarrama y Esquivel Mossa, las ministras del obradorismo, se expresaron contra la suspensión de labores y advirtieron que la figura del paro no está prevista para los ministros. Como evidente muestra de su oficialismo, incluso amagaron con un juicio político para destituir e inhabilitar a los ministros que entran en suspensión de actividades, y aún más: los acusan del delito de corrupción por la omisión de prestar el servicio y recibir un pago indebido de remuneraciones.
Dijeron que propusieron seguir trabajando a distancia y lanzaron un lema: “Justicia suspendida, es justicia denegada” (sic).
En redes sociales varios recordaron, en el caso de Batres (la autodenominada “ministra del pueblo”), que hace unos días la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN informó que las 40 acciones de inconstitucionalidad turnadas a ella seguían en trámite de instrucción; es decir, no había elaborado ninguna sentencia sobre ellas. Ello, a pesar de que, como se informó hace unos días, es la ministra que tiene más colaboradores en su ponencia (79).
