El Universal recibía 25 millones de pesos mensuales de Genaro García Luna cuando este era secretario de Seguridad Pública, para hacer una cobertura positiva de sus actividades, desmarcarlo de los narcotraficantes y descalificar las versiones sobre su supuesto secuestro en 2008, según el testimonio de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue secretario de Finanzas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira entre 2008 y 2010. Este negó y descalificó esas declaraciones.
Al abrir la tercera semana del juicio contra el “superpolicía mexicano” en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, el testimonio principal fue el de Villarreal Hernández, quien aseguró haber presenciado el pacto establecido entre Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, y García Luna, con la intermediación de Moreira.
Según el exfuncionario, él presenció una conversación entre García Luna y Moreira en la que el primero le preguntó al entonces gobernador si conocía a alguien de El Universal, a lo que este respondió que era amigo del dueño del diario.
Al titular de la Secretaría de Seguridad Pública le preocupaba la versión de que había sido secuestrado en 2008 por gente de Arturo Beltrán Leyva, lo que ha sido afirmado por algunos testigos durante el actual juicio. Para desestimarla, le pidió a Moreira que lo acercara con Ealy Ortiz, quien era su compadre, según dijo Villarreal Hernández.
Posteriormente García Luna alcanzó un acuerdo con Ealy Ortiz: 25 millones de pesos mensuales a cambio de una cobertura favorable a la Secretaría que encabezaba. Para cerrar el acuerdo, recordó el testigo, incluso se trasladaron a las oficinas de El Universal.
El encargado de efectuar los pagos era Sergio Montaño, oficial mayor, hombre muy cercano al secretario, quien llevaba el dinero en efectivo. Villarreal Hernández contó que este le pidió en una ocasión pagar el monto respectivo con recursos del gobierno coahuilense, lo que hizo por única ocasión. Entonces mostró una factura a nombre de El Universal, emitida en junio de 2009, por el concepto de “Publicidad de campaña de rescate al turismo”, por 11.5 millones de pesos. Ese documento es de las escasas pruebas documentales que ha logrado presentar la Fiscalía, durante el juicio.
El extesorero describió el mecanismo para realizar esos pagos, con facturas sin folio y, además, no se cargaban en el sistema. También aseguró que esos pagos “que no tenían consistencia” los guardó en una caja, la que llevó consigo cuando se entregó a las autoridades estadounidenses en 2014, tras haber sido puesto en libertad bajo fianza en México.
También recordó que participó en una visita guiada que García Luna dio a algunas personas en un centro de inteligencia, en donde el secretario les ofreció el software Pegasus, pero no fue adquirido por el gobierno de Coahuila por el temor de ser espiado por las autoridades federales.
En un principio el juez Brian Cogan había rechazado que se presentara el testimonio sobre los pagos al medio mexicano porque no quería que se tratara con generalidades sino que fuera de primera mano. Sin embargo, aceptó a partir de que se trataría de un caso concreto de entrega de dinero.
Moreira contestó a las declaraciones de Villarreal Hernández en una misiva. Allí descalificó al testigo y negó que haya sido intermediario entre García Luna y El Universal o cualquier otro medio.
Escribió que “resulta absurdo que un Secretario del Gabinete, con la fuerza que gozaba García Luna, recurra a un gobernador para que sea intermediario ante un medio de comunicación, teniendo este mismo, por su alta jerarquía la posibilidad de dirigirse a todos los medios y además, la secretaría a su cargo contaba con su propio presupuesto para gastos en comunicación”.
Además, afirmó que sólo coincidió en tres ocasiones con García Luna, con el que considera impensable que pudiera haber tenido una relación. Asimismo, negó haber participado en la visita al búnker de la Secretaría de Seguridad y también haber sostenido negociaciones sobre el sistema Pegasus.
Dijo que la declaración de Villarreal Hernández es “un relato tan disparatado por parte de un delincuente”, al que atribuye “una naturaleza exculpatoria”, además de que “carece de soporte probatorio alguno y está motivada para obtener un beneficio penitenciario a la pena a la que se enfrenta de privación de libertad de 20 años”.
