El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual investiga la desaparición de 43 normalistas el pasado 26 de septiembre, indicó que localizaron una cámara de vigilancia cerca del Palacio de Justicia de Iguala que pudo registrar el momento exacto en el que los estudiantes fueron “levantados” por miembros de la policía municipal de dicha localidad.
Este martes, durante la presentación de su informe preliminar, la CIDH cuestionó que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya difundido la existencia del presunto video, y señaló que la dependencia ha desechado 19 objetos encontrados en uno de los camiones y en la calle Juan N. Álvarez, entre los que se haya ropa presuntamente de algunos de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
De acuerdo al GIEI, los objetos antes mencionados “estaban guardados en malas condiciones, revueltos, con humedad”, por lo que la evidencia ya ha sido “contaminada”, denunció Carlos Beristain, integrante de este grupo de expertos.
Respecto al video, Francisco Cox, miembro del GIEI, indicó que se cree que “tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma, se habría perdido (evidencia) para la investigación de los hechos”.
Asimismo, criticaron que la PGR no haya permitido que los expertos investigadores entrevistaran a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala con quienes tuvieron contacto los estudiantes desaparecidos, horas antes de cometerse el ilícito.
Cox explicó que las autoridades sólo permitieron la entrevista siempre y cuando se entregara un cuestionario por escrito entregado por una diligencia y que sólo ésta podría interrogar, en presencia de una autoridad ministerial, a los soldados.
Para la CIDH esto pone en entredicho el convenio firmado en marzo pasado con el Estado mexicano para realizar una investigación en conjunto para esclarecer los hechos de septiembre pasado, lo que evidencia “la diferencia de opinión con el gobierno y las atribuciones que tenemos en el marco legal”, apuntó Cox.
Por otra parte, se informó que la familia de Julio César Mondragón, desollado el 27 de septiembre, autorizó que se realice una segunda necropsia en el cuerpo luego de que la Universidad del País Vasco encontró algunas omisiones por parte del grupo de peritos argentinos independientes que participan en el caso.
Según Francisco Etxeberría, médico forense de la universidad antes referida, el estudio que realizó a los peritajes “muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original y en las fotografías proporcionadas”.
Además, la nueva necropsia deberá precisar “la causa y la valoración de las fracturas craneales, otras fracturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos”.
El GIEI solicitó una prórroga para entregar el informe final sobre el caso, el cual debía estar listo para el próximo 6 de septiembre. La petición deberá ser analizada y aprobada por la CIDH y el gobierno de México, con quien tienen un acuerdo de cooperación.
(Con información de Animal Político)
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