En un ramplón intento de disfrazar la realidad de la violencia desatada en Sinaloa, tanto el presidente López Obrador como el gobernador Rubén Rocha minimizan los hechos, buscan culpables, evaden su responsabilidad y pretenden forzar una normalidad que no existe.
Del lado de AMLO, esta mañana acusó de la violencia al gobierno de Estados Unidos por haber detenido al capo Ismael Zambada. De no haberlo detenido, dijo, no se estaría viviendo el enfrentamiento entre grupos antagónicos. Tal declaración se sumó a las de ayer, en que dijo que la violencia en Sinaloa no es tan grave, ya que en Guanajuato, estado panista, hay más homicidios.
Uno de los periodistas a modo que pueblan las mañanera le preguntó si el vecino país es corresponsable de la ola de violencia. AMLO respondió: “Sí, claro que sí, por haber llevado a cabo ese operativo. Nada más que vayan internalizando de que no se puede actuar así sin tomar en cuenta al gobierno de México”.
“No es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos. También eso no nos convence y estamos pidiendo información. Ahora sí que, ¿cuál fue el acuerdo y la causa?… para ver si realmente es para evitar que haya narcotráfico y que siga entrado fentanilo de México, como entra de Canadá a Estados Unidos, si fue una decisión que se toma, como siempre, para demostrar que se está atendiendo el problema del consumo de fentanilo, o sólo por propaganda”.
Al momento, van 49 muertos por la ola de violencia desatada en Sinaloa, mientras las autoridades militares locales y federales abdican de su responsabilidad y afirman que todo depende de cuándo quieran los criminales dejar de pelear. Hace unos días el presidente pidió a los delincuentes un “mínimo de responsabilidad” y ya no enfrentarse, en lugar de implementar operativos de captura de criminales.
El secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, declaró esta semana que se verían orillados a un combate “más frontal” de la violencia, con lo que admitió claramente que se ha evitado enfrentar a los delincuentes.
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya, por medio de su secretaría de Educación, busca orillar a maestros y padres de familia a que envíen a sus hijos a la escuela, con el obvio objetivo de dar un barniz de normalidad a la peligrosa situación que se vive en el área urbana y rural de Culiacán. La titular de Educación estatal, Catalina Esparza, incluso dijo que “no veo peligro” en abrir las escuelas.
Durante más de una semana los padres de familia se han negado a llevar a sus hijos a clases, los negocios han cerrado, se vive ya desabasto de productos en varias zonas y las calles están prácticamente desiertas.
Este jueves, AMLO cargó contra el gobierno de Estados Unidos, que con el operativo de captura de Zambada, según él, provocó la violencia. Este acuerdo nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando, espero que pronto se regrese a la normalidad”.
Claramente, la responsabilidad es de su administración, que durante seis años se negó a confrontar a los grupos del narcotráfico, bajo la excusa de que eso no resuelve la violencia, que el fuego no se combate con fuego y que es mejor “atender las causas”. A eso se suma la ineptitud y pasividad mostrada por el Ejército para atajar la violencia, pues solo está a la espera que los criminales decidan dejar de confrontarse.
El pasado 17 de septiembre, la secretaria de Educación, Catalina Esparza difundió un video en donde dijo que ella estaba recorriendo las escuelas con toda tranquilidad. “Ando sola, no traigo chofer, no traigo guaruras, luego dicen que es peligroso moverse, no veo por ningún lado el peligro”, se ufanó.
El gobierno estatal informó que se desplegaría un operativo para cuidar a cada escuela con una patrulla policiaca y así se hizo, pero ningún padre o madre llevó a sus hijos a clases. Esta especie de paro estudiantil se extendió por Culiacán, Elota, El Dorado, San Ignacio, Cosalá y Concordia, donde muchos niños están tomando clases en línea, con el total acuerdo de los maestros, que se ven obligados a estar en los planteles y desde ahí atienden por internet a sus alumnos.
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