Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, justificó en Twitter el proceder de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 31 exfuncionarios y científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
La tarde de este miércoles, en su cuenta de Twitter el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República pretendió explicar y justificar la solicitud de órdenes de aprehensión que la “autónoma” FGR ha enderezado contra científicos, lo que ya había sido aclarado y refutado por el FCCyT.
Según el funcionario, el FCCyT fue fundado en 2002 y después se reformó la Ley Orgánica del Conacyt para incluirlo. Sin embargo, la historia es otra: desde 1999 se había creado el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, organización integrada por diversos científicos que solicitaban mayor participación en las instituciones.
Tras diversos encuentros en los que participó ese Foro y en los que se acordaron reformas, una nueva Ley Federal de Ciencia y Tecnología fue emitida en junio de 2002, en la que se estableció, en el artículo 36, el FCCyT. Fue por ella y no por la Ley Orgánica.
Luego, Ramírez Cuevas, en el mismo tenor de lo que ha declarado el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma que en 16 años (el órgano duró 18 con el Conacyt) el Foro recibió 571 millones de pesos, de los que, según él, sólo usó 100 millones para proyectos y lo restante en “gastos operativos” como “tintorería, comidas, viajes y salarios” . Sin embargo, no presenta ninguna evidencia de su dicho.
(Al respecto, debe recordarse que el propio vocero declaró, en febrero de 2019, que en Conacyt habían encontrado desvíos de fondos incluso superiores a los de la Estafa Maestra; es decir, superiores a 7 mil millones de pesos. Más de dos años y medio después, Ramírez Cuevas no ha presentado ni una sola prueba de su acusación).
En su hilo de Twitter, Ramírez Cuevas afirma exactamente lo mismo que el Conacyt en un comunicado desde el pasado 23 de septiembre: las actuales acciones contra los científicos no son responsabilidad del Consejo sino “de las autoridades competentes”, señaló entonces el organismo. Ninguna novedad del vocero.
Y el funcionario dice: “El @GobiernoMX no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”.
Sin embargo, la denuncia original de hechos que ha dado pie a todo el asunto fue presentada por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, los que luego fueron calificados por la FGR como peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue fundado en 2002, después se reformó la Ley Orgánica de @Conacyt_MX para incluirlo. Durante 16 años recibió 571 mdp, pero sólo 100 mdp los utilizó para proyectos de Ciencia y Tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos.Abro hilo
— Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 29, 2021
Luego, en su desordenado hilo Ramírez Cuevas dice que a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los miembros del FCCyT demandaron al Conacyt y a su directora, María Elena Álvarez-Buylla. Pero no fue así: el caso llegó a la Corte después del amparo promovido por el Foro porque el Consejo no le dio el financiamiento señalado en la ley en junio de 2019, no antes.
Como resultado de ese recurso presentado por el FCCyT un juez de Distrito determinó que Álvarez-Buylla había incurrido en violación e incumplimiento de una orden judicial. Esto fue cuestionado por el Conacyt y así fue como el asunto fue atraído por la SCJN, no como dice Ramírez Cuevas.
Ramírez Cuevas dice que el 1 de diciembre de 2018 el gobierno de México “cambió las reglas de financiamiento”, cuando “el Foro presionó para recibir 33 mdp del @Conacyt_MX habiendo ejercido ya 16 mdp, adjudicados desde la administración de EPN”.
En realidad la obligación de entregar el financiamiento al FCCyT se encuentra establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología. Fue hasta diciembre de 2019 cuando el Conacyt hizo reformas para modificar la situación jurídica del Foro y, así, su financiamiento. No fue el 1 de diciembre de 2018.
Ramírez Cuevas se ahorró la resolución del juez y se fue hasta el fallo de la SCJN, el que, aunque fue contrario al FCCyT, determinó la legalidad de la relación mantenida entre este y el Conacyt. Ramírez Cuevas, de forma tramposa, sólo refiere una parte de la sentencia y se ahorra la del carácter lícito del financiamiento recibido con anterioridad por el Foro.
Así defendió y promovió el vocero presidencial las acciones de la “autónoma” FGR contra los científicos.
