Un querido colega de El Colegio de México, hace años me dijo algo que, en su momento, me costaba entender. Él afirmaba que la política exterior ha sido y es el basurero del sistema político mexicano. Yo no cabía en mi asombro. Habiendo sido educada en la tradición de que los miembros del servicio exterior ingresaban a la cancillería tras rigurosos exámenes de admisión, me parecían exageradas las afirmaciones que defenestraban a la dependencia. Con los años, sin embargo, entendí que mi colega tenía razón: que si bien la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se integra por un capital humano valiosísimo que, en su mayoría ingresó por concurso y que es responsable de las tareas diplomáticas y consulares de México en el mundo, también existen los “nombramientos políticos”, esos que obedecen a razones ajenas a la calificación requerida para desempeñar la no tan sencilla representación del país en el exterior y que suelen decidirse por compromisos personales, cuotas de poder, compadrazgos, amiguismos, nepotismo y demás.
El tema es relevante al revisar lo que ha sido la política exterior -o su ausencia- del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a más de 100 días de haber comenzado. Y es que, si hay una dependencia vapuleada en el arranque de la presente administración, esa ha sido la SRE. Para comenzar, el actual gobierno decidió poner fin a PROMEXICO, decidiendo que las tareas de promoción comercial, turística y del branding Mexico, recaerían, a continuación, en las representaciones diplomáticas de México en el exterior. La decisión no tendría que haber sido tan desafortunada si no hubiera estado acompañada de recortes presupuestales para la cancillería, en especial, aunque no exclusivamente, en el terreno consular. Todos escuchamos que cundió el pánico en la SRE cuando en la víspera del arribo de López Obrador a la presidencia, se anunció que nadie ganaría más que el primer mandatario, lo que determinó que muchos anticiparan sus jubilaciones para protegerse de esta medida. También hubo preocupación por este mismo tema entre el personal que labora allende las fronteras, dado que algunos países -los europeos, Japón, etcétera- tienen costos de vida altísimos, por lo que las anunciadas reducciones salariales serían catastróficas para quienes, en representación de México, trabajaran en esas latitudes.
El canciller Marcelo Ebrad, egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, prometía ser una decisión afortunada de la nueva administración en lo que se refiere a la política exterior. Poseedor de experiencia política, conocedor de las relaciones internacionales e incluso habiendo desarrollado networking en Naciones Unidas, era quien mejor posicionado estaba para lograr que a un mandatario como López Obrador, a quien la política exterior simple y llanamente no le interesa, se convenciera de su relevancia. Pero no. El nuevo gobierno ha reiterado que “la mejor política exterior es la política interna”, como si por arte de magia lo que se hace en casa permitiera sacar de la chistera la cabal promoción de los intereses de México en el mundo. En consecuencia, en estos primeros 100 días, Marcelo Ebrard es, posiblemente, la persona más aislada en el gabinete presidencial, “solo en su soledad”.
Los desatinos en política exterior no han parado en lo expuesto. En enero, cuando se llevó a cabo en el balneario suizo de Davos el Foro Económico Mundial al que concurren jefes de Estado, de gobierno, empresarios, líderes de opinión, de organismos no gubernamentales y celebridades, López Obrador decidió no acudir. Acusaba la urgencia imperante a nivel nacional por el combate al huachicoleo. Si bien hasta cierto punto se podría entender su argumento, parecía crucial que el Presidente de México acudiera a Davos para calmar los ánimos de inversionistas, empresarios y gobiernos, luego de haber detenido la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de haber puesto a la venta el avión presidencial y amén del fracaso de Petróleos Mexicanos para explicar a las calificadoras su plan de reestructuración, mismo que, a la fecha, sigue sin convencer.
La siguiente papa caliente fue la crisis en Venezuela, en la que el gobierno de López Obrador asumió la “no intervención” en los asuntos internos del país sudamericano para justificar su inacción. Se hizo una interpretación más que inadecuada de la Doctrina Estrada, equiparando la no intervención con la ausencia de una postura clara ante los sucesos en aquella nación. Ello, en consecuencia, aisló a México, colocándolo, en el espectro político internacional del lado de los “enemigos” de Estados Unidos -léase Rusia, la República Popular China, Bolivia, Cuba, Nicaragua y, posiblemente, Turquía. Destruyó también la posibilidad de proyectar liderazgo en América Latina ante el arribo del intransigente y anti-multilateralista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Lo que es peor: cerró la posibilidad de que México fuera un actor clave en la transición política que inevitablemente deberá tener Venezuela, al ofrecer opciones de negociación tanto a Nicolás Maduro como a Juan Guaidó.
La debacle de la política exterior de México en el presente gobierno no termina ahí. Corren rumores de que el primer viaje internacional del Presidente de México -se entiende, en alguna aerolínea comercial- será a Rusia para reunirse con el Presidente Vladímir Putin. Como es por todos conocido, el primer viaje internacional de cualquier jefe de Estado o de gobierno es crucial, porque permite, entre otras cosas, fijar sus prioridades internacionales. Cabe preguntar entonces, de ser cierto que próximamente López Obrador viajará a Moscú, si las prioridades internacionales de México están en Rusia (????¡¡¡¡¡????), país con el que las relaciones comerciales y de inversión son escasas, siendo, aparentemente, más relevantes, los vínculos culturales. La guerra fría hace tiempo que terminó. Visitar Rusia, en las condiciones actuales, tendría, para el gobierno mexicano, un costo político alto, demasiado, frente a los marginales beneficios que traería aparejados.
El sentido común sugiere que, antes de emprender un viaje de esa naturaleza, se pondere una visita a algún país occidental. Un “buen destino” para López Obrador, sería Canadá, nación que resultó muy lastimada el año pasado luego de que México y Estados Unidos negociaran el acuerdo comercial que reemplazaría al tratado norteamericano de libre comercio de 1994, sin la participación de Ottawa en la recta final del proceso. Ello le permitió al gobierno de Donald Trump presionar al de su homólogo Justin Trudeau para lograr la apertura del sector de los lácteos, algo que afectaría negativamente al ramo agropecuario canadiense, pero a lo que Ottawa ya no pudo negarse, a riesgo de perder el capítulo XIX sobre solución de controversias comerciales. En agosto de 2017, cuando arrancó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México y Canadá cerraron filas. Un año después, México pactó con Estados Unidos, sin Canadá. Por lo tanto, urge una “operación cicatriz” con los canadienses y una visita oficial a esa nación sería, además, muy bien vista por la comunidad internacional.
Regresando al tema del “basurero del sistema político mexicano”, tal parece que la máxima de aquel colega se cumple una vez más. A la fecha se sabe que numerosos políticos, ligados a funcionarios, partidos y demás, estarán siendo-o ya lo han sido- nominados para presidir embajadas y/o consulados de México en el exterior, en algunos casos generando conflicto de interés. Ya ha sido muy comentada la designación del empresario Carlos Peñafiel Soto, dirigente estatal de Morena en Querétaro, para el cargo de embajador de México ante la República Dominicana.
De una lista de 21 nominados para la región de América Latina, Caribe y organismos regionales en Washington, sólo 11 pertenecen al servicio exterior mexicano, en tanto los 10 restantes han tenido alguna experiencia en la política exterior, mientras otros no la poseen pero sí guardan cercanía con el Presidente. Destacan, entre los nominados, personajes como el esposo de Layda Sansores, Romeo Ruiz Armento, quien fue propuesto como embajador de México en Guatemala o bien Ricardo Garza Cantú, uno de los fundadores del Partido del Trabajo, como embajador de México en El Salvador. A manera de compensación, el canciller ha señalado que las representaciones consulares serán ocupadas por miembros del servicio exterior mexicano, lo cual no está mal, siempre que ello no lleve a que la designación de embajadores repose en personas sin experiencia, amigos del Presidente o miembros de Morena u otros partidos políticos.
Por si fuera poco, para abonar a la polémica, hace un par de días el Presidente se reunió con el yerno de Donald Trump, literalmente “en lo oscurito”, para tratar diversos temas de la agenda bilateral, presumiblemente el migratorio, la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) y otras cosas de las que a la fecha no se tiene información.
Así, a 100 días del arribo del nuevo gobierno, se puede concluir que la política exterior mexicana ha sido residual en la agenda nacional, que no es del interés del Presidente López Obrador, que se carece de una estrategia para posicionar a México en el mundo y lograr la promoción del interés nacional y que todo ello se justifica sobre la base de que “hay cosas más importantes.” Sin embargo, creer que la mejor política exterior es la política interior sin desarrollar acción alguna en el mundo globalizado, deja a México a merced del curso de los acontecimientos globales como un espectador, en momentos en que la inacción es costosísima. Ojalá que en la articulación del Plan Nacional de Desarrollo se revalore a la política exterior en su justa dimensión e importancia, esto por el bien del país.
