Falta poco más de una semana para otra cita que estoy seguro, volverá a ser histórica: el llamado #26F. El 26 de febrero de 2023, la fecha para la segunda manifestación, marcha o concentración, lo mismo da, en defensa del INE, amenazado por el Plan B, y del voto libre y secreto.
Información que circula en redes sociales señala que son más de 60 ciudades en las que ya se confirmó que la ciudadanía saldrá a las calles a decirle NO a la ladina reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador que busca desmantelar la capacidad operativa del INE.
En la Ciudad de México la intención es, tal como desafió AMLO, llenar la plancha del Zócalo. Se logre o no, lo relevante es que la ciudadanía consciente le demostrará al gobierno que no le compra sus mentiras y a la Suprema Corte de Justicia, que está pendiente de que cumpla con su responsabilidad: sentenciar con celeridad la inconstitucionalidad de la reforma, cuando ésta llegue a sus manos para ser analizada.
Además de la concentración en la Plaza de la Constitución, cobran relevancia las movilizaciones en todo el país. La perenne lucha democratizadora no es un asunto que se circunscriba a la Ciudad de México. En Zacatecas, por ejemplo, la convocatoria invita a llenar la Plaza de Armas de aquel centro histórico patrimonio de la humanidad. Cada ciudad, cada pueblo, cada espacio público cuenta.
Muchos lo hemos dicho: el Plan B pone en riesgo el voto, valor central de la democracia. Al ponerse en riesgo el voto—no solo el sufragio en sí, sino su conteo, protección y respeto a los resultados—el camino hacia la tiranía que anhela AMLO se antoja más despejado.
El Plan B “no tiene mayores alcances”, ha dicho el presidente una y otra vez. Solo se trata de ahorrar un poco, repite, en un tono de fingida ingenuidad. “Ellos” ya ganaron, agrega, refiriéndose a sus “adversarios”, es decir, la ciudadanía organizada y la oposición.
Pero sabemos muy bien, gracias a los análisis técnicos elaborados por el INE y otros actores políticos y sociales, que el Plan B dista mucho de ser una reforma menor. Aún cuando no es lo que AMLO deseaba, su eventual aprobación implica que el INE vea gravemente mermada su capacidad operativa para atender funciones clave como la credencialización, capacitación de funcionarios electorales, elaboración de un padrón electoral confiable, instalación de casillas, traslado y resguardo de urnas y conteo de votos.
El Plan B condensa lo que más le importa al presidente en materia de reforma electoral: la destrucción de facto del INE.
A diferencia de los días previos a la magna protesta del 13 de noviembre de 2022, en que obsesivamente atacó la convocatoria, López Obrador no ha mencionado la próxima concentración. Quizá piense que la pasada protesta fue un éxito atronador justamente porque él la descalificó intensamente, convirtiéndose así en su principal promotor.
La estrategia del presidente es distinta. Ahora, se presenta como si hubiera sido derrotado por los “conservadores”, que en un acto contra “el pueblo”, rechazaron la reforma constitucional en materia electoral.
Quiere así sembrar la percepción de que una nueva protesta no tiene razón de ser, porque no hay nada que esté en peligro. Es falso.
La buena noticia es que los habitantes de más de 60 ciudades no se han creído la mañosa y torpe propaganda presidencial.
Acudamos, cada uno en su lugar de residencia, a manifestarnos en defensa del voto este 26 de febrero y cerremos de una vez por todas el paso a la tiranía.
