El 13 de noviembre del año pasado, salieron a las calles y a las plazas públicas en las ciudades más importantes del país, millones de personas que reclamaron al presidente su actitud hostil y sus constantes ataques contra el INE (Instituto Nacional Electoral); le exigieron que respete las leyes que le dan al órgano electoral del País, autonomía constitucional; le demandaron que cese su grosera intromisión en las determinaciones del Tribunal Electoral que también es autónomo por mandato constitucional. Esta manifestación fue convocada por algunas organizaciones de la sociedad civil y fue ampliamente celebrada por buena parte del conjunto de la población y reconocido como meritoria, con grandes elogios, por los propios partidos políticos de la oposición.
Unos meses después, el 26 de febrero del presente año, cientos de miles de ciudadanas/os, atiborraron el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas en el País, para demandarle al presidente que termine con sus agresiones contra el poder judicial, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y particularmente, aquellas agresiones que dirige hacia La presidenta de la Corte.
De nueva cuenta, esta majestuosa concentración fue reconocida, por los partidos políticos, como expresión magnifica de una ciudadanía que rechaza cualquier forma de concentración del poder político, y que repudia el intento de instalar una autocracia.
Los presidentes del PAN, PRI, PRD expresaron su enorme satisfacción por este despertar ciudadano.
Y uno esperaría que los presidentes de los partidos fuesen congruentes con ese entusiasmo por el despertar ciudadano y dispusieran de medidas para que los partidos, como es su deber, apoyaran a la ciudadanía en sus luchas.
Pero no sucede así, porque cuando esa participación ciudadana, pone en riesgo intereses particulares de las elites partidistas, entonces cierran espacios en lugar de abrirlos y levantan enormes murallas para constreñir y limitar el accionar ciudadano en los asuntos de la Nación.
Esto sucedió, cuando se avanzaba en el proposito de constituir una comisión ciudadana que fuese la encargada, en su totalidad, de la organización del proceso de elección y/o selección de la candidata o candidato presidencial del Frente Amplio por México. En este caso, algunos dirigentes partidistas qué marchan para apoyar al INE como órgano ciudadano, al mismo tiempo, se oponen a la ciudadanización plena de la comisión organizadora del proceso electivo del Frente Amplio.
¡Nada de autonomía plena del comité ciudadano; nada de respetar sus decisiones; nada de abrir espacios para que puedan participar ciudadanas y ciudadanos como representantes populares o gobernantes; nada que ponga en riesgo la hegemonía partidista en la vida política y electoral del País; nada de una verdadera ciudadanización de los asuntos públicos de México!
Los partidos políticos son, constitucionalmente, vehículos para lograr la participación de la ciudadanía en los asuntos del país, y esta es, hay que recordarla, su verdadera razón de existencia.
