Al presentar su nuevo libro Grandeza, que habla de un pasado idílico que nunca existió en los pueblo originarios de América, López Obrador dijo que regresaría a la vida política si, entre otras cosas, se atacaba a la democracia.
En este último caso no tendrá que salir, pues ya no hay democracia que defender, pues él se encargo de destruirla.
Claro que él habla del concepto bolivariano de democracia, que es lo opuesto a lo que desde los griegos conocemos como democracia política o liberal.
La democracia liberal busca contener sus arbitrariedades, ilícitos y abusos en detrimento de los ciudadanos.
En cambio, según el Foro de Sao Palo, la democracia es la concentración del poder en el Caudillo que toma decisiones arbitrarias en nombre del pueblo, que sólo él representa y cuya voluntad interpreta. Lo dicen con claridad sus documentos.
“No debemos olvidar que las instituciones de la democracia funcional a los grupos de poder y al imperio en la mayoría de nuestros países, han sido construidas para limitar el ejercicio de los derechos democráticos de las mayorías en función del interés de las oligarquías locales”.
Y también: “El poder popular se expresa como el control del poder político del Estado, por un bloque histórico de fuerzas populares, que tengan un programa que se proponga las transformaciones estructurales que emanan del estudio de la realidad en cada país […] Aparece como una propuesta y una experiencia en marcha, encaminada a superar la democracia liberal burguesa, punto de partida de nuestras transformaciones”.
Esa democracia popular bolivariana exige, para funcionar, justo todo aquello considerado como antidemocrático en la concepción histórica; concentrar todo el poder (lo que se llama autocracia, no democracia) y crear “Una fuerza, política y socialmente organizada, se define por una posición política empeñada en acceder a la influencia y el control de las instituciones públicas del Estado: gobierno, parlamento, alcaldías, poder judicial y electoral, fuerzas armadas; así como por la construcción de una opinión pública que dispute la orientación moral e intelectual de la sociedad”.
Pero recordemos algunas de las condiciones que exige una democracia liberal para ser considerada como tal, sabiendo que no es una cuestión maniquea de, “o hay o no hay”.
Hay puntos intermedios desde las democracia más eficientes (nunca perfectas) hasta las dictaduras más brutales y burdas. Algunas de las condiciones básicas de la democracia liberal son las siguientes:
1- Debe haber genuina división de poderes estatales para que éstos gocen de autonomía real – no sólo formal – y así frenar posibles excesos o abusos de poder.
2- En el Congreso, ninguna fuerza gobernante deberá tener suficiente poder para cambiar por sí misma la Constitución, pues en tal caso se habrá anulado la división real y autónoma del Legislativo.
3- El Poder judicial, cuyos miembros no responderán a ninguno de los otros poderes, tendrán la facultad y autonomía para hacer valer las leyes y en particular la Constitución ante los intentos de los otros poderes de pasarla por alto o modificarla sin cumplir los resquisitos legales para ello.
4- Libertad de conciencia, de opinión, sin que ello amerite sanciones o cierre de espacios para poder expresar tales posiciones, críticas o no. No sólo es un derecho fundamental, sino parte de la mecánica democrática, pues contribuye a generar costos políticos por el abuso o la ineficiencia, y también destapar lo que los políticos tramposos y corruptos desean mantener oculto.
5- La elección de los representantes populares y gobernantes (presidente, gobernadores, legisladores y alcaldes) deberá celebrarse en condiciones de equidad entre los competidores, con una organización que garantice el acceso de los electores para emitir su voto, garantizando su contabilidad real.
6- Para lo cual se requieren instituciones electorales verdaderamente autónomas e imparciales. En eso ayuda que sus autoridades no sean designadas ni por el presidente de la República ni por los partidos políticos, que buscan su provecho a través de sus designados.
Lo ideal sería que fueran electos a partir de su experiencia y preparación por una comsión de expertos ajenos a los poderes públicos, surgidos por ejemplo de organizaciones especializadas de la sociedad civil y universidades.
7- Ese esquema en principio debiera valer también para elegir ministros y magistrados del Poder Judicial, así como los fiscales y los titulares y directivos de las instituciones autónomas de Estado, cuyo papel es también ejercer una vigilancia autónoma sobre los demás poderes políticos e instituciones públicas.
Sólo así habrá auténticos contrapesos entre instituciones y se reducirá al máximo la corrupción, el sesgo político y el abuso de poder.
Dichas condiciones facilitan otro elemento esencial de la democracia: la penalización universal, no selectiva, de gobernantes, políticos y funcionarios que incurran en algún abuso de poder o acción ilícita, con posibilidad incluso de removerlos aún antes de que terminen su mandato y, en su caso, paguen sanciones penales.
El autoritarismo, en cambio, se distingue por aplicar la ley de forma selectiva; atacar a críticos y adversarios mientras se protege a los aliados, sin importar el tamaño de los ilícitos cometidos.
¿Cuántas de estas características democráticas siguen vigentes en México? Muy pocas. ¿Qué pretende salvar Amlo? Su “democracia” autocrática.
