La muerte de dos vecinas de Nueva Victoria, Chiapas, y las graves lesiones de otras 16 personas, ocurridas al desbarrancarse el camión de redilas que las transportaba para votar en la farsa revocatoria del 10 de abril, es un resultado trágico y deleznable del clientelismo electoral y del acarreo de votantes que se llevó a cabo en gran parte de la República.
Nueva Victoria es una comunidad del ejido Guadalupe Victoria en el municipio de San Fernando, Chiapas. Ubicada a 15.3 kilómetros de la cabecera municipal, esta es una pequeña localidad en la que habitan 439 de los 40 mil habitantes de ese municipio rural. Si San Fernando es uno de los municipios de alto índice de marginación, en Nueva Victoria se agudizan las tasas de la marginalidad. Si a nivel municipal el grado promedio de escolaridad entre los mayores de 15 años es de 5.8 (ni tan siquiera la primaria terminada), los habitantes de la localidad ejidal solo tienen en promedio 4.3 años de escuela.
A tres años y medio de la mal llamada “transformación”, no se han mejorado ni un ápice los índices de marginación en los que sobreviven millones de mexicanos. Es el caso de los vecinos de Nueva Victoria, que no tienen ni atisbos de mejorar su calidad de vida bajo un gobierno de Morena en lo federal y estatal y con un ayuntamiento en poder de una de las rémoras cuatroteístas (Juan Antonio Castillejos Castellanos, el alcalde de San Fernando, fue postulado por el PVEM). Los apoyos que reciben algunos vecinos por ser beneficiarios de los programas sociales tienen el costo de convertirlos en carne de cañón de los planes del grupo en el poder.
“Amor con amor se paga” dice recurrentemente el inquilino del Palacio Nacional refiriéndose a su reciprocidad para con quienes lo adoran, pero en realidad es una forma de romantizar una relación caracterizada por el dominio y la amenaza: quien recibe becas, pensiones, sembrando vida, debe corresponder con su voto en el sentido en que mande quien “da” los apoyos.
En forma trágica esto se expresó en el fatal accidente que sufrieron las y los vecinos de Nueva Victoria. Según declaraciones a la prensa que hicieron los familiares de los afectados, el Secretario Municipal de Protección Civil de San Fernando, de nombre Iván Alejandro López Aquino, amenazó a los vecinos que son beneficiarios de diversos programas sociales (pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad, Sembrando Vida, Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro) con que perderían sus apoyos económicos si no asistían a votar en favor de López Obrador. “Amor con amor se paga”, comentaron que dijo el funcionario y los citó a las 7 de la mañana de ese fatídico domingo.
Ese día, las autoridades de San Fernando enviaron una camioneta y dos vehículos de tres toneladas, tipo estaquitas para acarrear a los beneficiarios. Salieron hacia la cabecera municipal por el camino a San Jorge, en la zona montañosa del municipio, pero uno de los camiones de redilas en el que viajaban 18 vecinos volcó y cayó a una barranca de más de 150 metros de profundidad. El gobierno municipal, lejos de lamentar lo ocurrido, se apresuró a aclarar que el vehículo no era propiedad del Ayuntamiento. Diversas notas periodísticas y un vecino que posteó en Facebook coincidieron en señalar que el vehículo accidentado es de AP Sinergia, una empresa contratista del gobierno municipal, de la que es socio o propietario “Tony Castillejos”, como también le dicen al alcalde pevemista. El saldo trágico es el fallecimiento de las vecinas Petrona Vázquez González, Lesvia Hernández López y 16 lesionados. Los habitantes de Nueva Victoria demandan justicia, “porque por política nuestros familiares están muertos, hay lesionados, niños huérfanos y no tenemos dinero para atender esas necesidades”, dijeron a la prensa.
El operativo que coaccionó a las víctimas para ir a votar por AMLO se realizó en muchas otras comunidades de San Fernando y de todo el distrito electoral 04, con cabecera en Pichucalco, por lo que el promedio de participación distrital alcanzó el 44%, casi el triple de la media nacional (17%). La Fiscalía de Chiapas deberá investigar homicidios y lesiones, pero la Fiscalía Electoral federal tiene la obligación de investigar de oficio las responsabilidades del esquema de clientelismo electoral que la tragedia sacó a la luz: tanto el uso indebido de recursos públicos para coaccionar el voto, como el acarreo de votantes son conductas delictivas que no pueden quedar impunes.
Extendido en muchas regiones del país, dicho operativo degradó el voto ciudadano, que quedó sujeto a la compraventa con recursos públicos, pero lo que más duele es el saldo criminal que dañó a los vecinos de Nueva Victoria.
Cincelada: Ni la falta de autorizaciones ambientales, ni los amparos, ni el periodo vacacional contienen el ecocidio contra la selva y el sistema hidrológico subterráneo de Quintana Roo.
