La Convención sobre municiones en racimo es un tratado internacional jurídicamente vinculante, suscrito el 3 de diciembre de 2008 y en vigor a partir del 1 de agosto de 2010. Este instrumento jurídico prohíbe el uso, transferencia, producción y almacenamiento de las municiones en racimo, además de que crea un marco para apoyar a las víctimas de estos letales sistemas de armamento, limpiar los terrenos contaminados, educar a las personas sobre sus peligros y destruir las municiones que figuren en los arsenales de los países. Firmado por 123 Estados de los que 111 la han ratificado -entre ellos México, quien fue un destacado promotor de la convención-, este valioso instrumento lamentablemente no ha sido suscrito por países como Estados Unidos, Rusia, Ucrania, India, Turquía, ni la República Popular China (RP China). Tampoco lo han hecho diversos miembros de la Unión Europea como Letonia y Estonia, Polonia, Grecia y Rumania. Asimismo, en América Latina faltan por adherirse Brasil, Argentina, y Venezuela -Brasil produce y exporta municiones en racimo mientras que Argentina argumenta que la convención no es lo suficientemente robusta si bien dejó de fabricarlas y exportarlas.
Las municiones en racimo o cluster bombs, como se les denomina en inglés, o bombes à sous-munitions en francés, son armas ligeras que se activan a través de su lanzamiento a gran velocidad por sistemas aéreos o de artillería en tierra, liberando fragmentos de pequeño calibre en una gran espacio de terreno.
Fueron desarrolladas por la Unión Soviética y Alemania en la segunda guerra mundial. En Asia suroriental, las municiones en racimo fueron empleadas intensamente entre 1964 y 1973. Desde entonces y hasta el día de hoy, millones o hasta miles de millones de municiones en racimo han sido empleadas por al menos 25 países en regiones aun no del todo identificadas por la comunidad internacional.
Desde la segunda guerra mundial se les ha usado en la guerra de Vietnam; en los conflictos en Líbano de 1978, 1982, y 2006; en el Sahara Occidental (República Árabe Saharaui Democrática) entre 1975 y 1991; en la intervención soviética en Afganistán de 1979 a 1989; en la guerra de las Malvinas de 1982; en los conflictos del Nagorno-Karabaj de 1992-1994, 2016 y 2020; en la primera guerra de Chechenia de 1995; en la guerra en Yugoslavia de 1999; en la intervención de Estados Unidos en Afganistán de 2001-2021; en las guerras contra Irak de 1991 y 2003-2006; en la guerra de Georgia de 2008; en la guerra de Libia de 2011; en la guerra civil en Siria de 2012; en la guerra en Sudán del Sur de 2013; en la guerra emanada de la anexión de Crimea a Rusia y la ocupación del Donbás en 2014; en el conflicto entre Arabia Saudita tras su intervención en Yemen de 2015 a la fecha; en el conflicto en Etiopía de 2021; y se especula que en la intervención de Rusia en Ucrania desde febrero de 2022 a la fecha, si bien esta última información no ha sido verificada y un grupo experto de la Cruz Roja realiza investigaciones al respecto. Se considera que se han producido otros conflictos en los que también se habrían empleado estos sistemas de armamento. En general el mundo ha acordado estigmatizar a las municiones en racimo y desincentivar su uso en conflictos armados, si bien, como se explicaba, hay países que se niegan a erradicarlas por diversas razones.
La problemática que entrañan las municiones en racimo desde el punto de vista humanitario es compleja. Se trata de un sistema de armamento que al ser lanzado desde las alturas o en tierra cae con sus municiones en amplias extensiones de terreno, donde podrían o no detonar. Si lo hacen, difícilmente discriminarán entre combatientes y no combatientes. Pero si no detonaran como suele pasar también con las minas terrestres antipersona y otros remanentes explosivos de guerra, se convierten en armas de acción postergada que podrían explotar cuando el conflicto en el que se les emplazó hubiese terminado, impactando a civiles, en especial, mujeres y niños. El porcentaje de municiones en racimo que no detonan al impacto varía entre un 10 por ciento para las estadunidenses, hasta un 40 por ciento para las rusas. Considerando que los conflictos armados cada vez más se libran en zonas urbanas, la posibilidad de herir o matar civiles inocentes con ellas es muy alta, incluso meses o años después del cese de las hostilidades.
Diversos organismos internacionales tanto pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas como no gubernamentales, entre ellos, Greenpeace, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, Handicap International, etcétera, advierten sobre los impactos humanitarios de estos sistemas de armamento y todos ellos han participado activamente en la concientización sobre el particular. Existe una Coalición Internacional sobre Municiones en Racimo creada en 2003 e integrada por organizaciones de la sociedad civil con la concurrencia de organismos no gubernamentales, tanto locales como internacionales que han ejercido una ejemplar diplomacia pública a nivel global para sensibilizar al mundo sobre los peligros de estos sistemas de armamento.
Las municiones en racimo tienen un importante índice de error. Esto implica, como se explicaba, que muchas submuniciones pueden no explotar al “aterrizar” pero, al igual que las minas terrestres, permanecen en el terreno como latas de bebidas arrojadas a la calle para detonar años más tarde. No es necesario insistir en que ello plantea un riesgo constante para las comunidades asentadas en las inmediaciones de los terrenos contaminados.
Los sistemas portadores de las municiones en racimo pueden contener hasta 600 submuniciones. Los cohetes de un sistema de lanzamiento múltiple de misiles pueden dispersar hasta 7 000 submuniciones en un amplio espacio de terreno en cuestión de minutos. El terreno contaminado por estas submuniciones puede ser de 125 a 400 metros y su limpieza tomaría días, semanas, meses y hasta años a un costo considerable.
Estados Unidos participó inicialmente en las negociaciones para suscribir la convención sobre municiones en racimo pero se retiró en 2007. El Departamento de Estado del vecino país del norte insiste en que desde 2003 dejó de producirlas y que en 2008 optó por desarrollar sólo algunas ojivas. Fue en ese año que el Pentágono dispuso dejar de usar y producir municiones cuyo margen de error fuera superior al 1 por ciento, pero en 2017 revirtió esta política para hacer frente a “situaciones extremas.”
Al no contar con municiones en racimo con un margen de error inferior al 1 por ciento, emplea su ”mejor opción” que son las de un margen de error del 2. 35 por ciento y éstas son las que el gobierno de Joe Biden ha anunciado que enviará a Ucrania, en medio de fuertes críticas por esta decisión.
La razón de la negativa estadunidense a adherirse a la convención estriba en que se considera que las municiones en racimo son un arma táctica que permite neutralizar a los adversarios y proteger a los combatientes. Un informe del Congreso de Estados Unidos del 9 de marzo de 2022 pone en la mesa el posible empleo de municiones en racimo por parte de Rusia durante su escalada bélica contra Ucrania, sugiriendo que ello podría justificar una eventual respuesta de Estados Unidos con dicho sistema de armamento, aunque no involucrándose de manera directa. Es curioso observar las narrativas que circundan a este conflicto, donde se ha mencionado en repetidas ocasiones la posibilidad de que se empleen armas nucleares, lo que ha dejado al debate sobre las municiones en racimo y otras armas pequeñas y ligeras, con menor visibilidad, no obstante los enormes daños que provocan y sus efectos colaterales ampliamente documentados en civiles.
En una era donde se tiende al empleo de armas de precisión -entre ellas cohetes, artillería, bombas aéreas-, precisamente para reducir “efectos colaterales” en no combatientes, usar municiones en racimo es, de nuevo, ampliamente cuestionable. Se piensa que esta tendencia a favorecer armas de precisión con el tiempo podría tornar obsoletas a las municiones en racimo. Sin embargo, las diferencias en costos son un tema insoslayable. Una bomba como la CBU-87 estadunidense, tiene un costo de 14 mil dólares y puede dispersar unas 202 municiones. Un estudio realizado por la George Mason University encontró que en Líbano, el costo estimado para limpiar terrenos contaminados con municiones en racimo es de 120 millones de dólares -esto para insistir en lo costoso que es el desarme- y ello sin contar los costos adicionales por 26. 8 millones de dólares en zonas agrícolas contaminadas e inutilizadas y los 86 millones de dólares por muertos y heridos con estos artefactos. En total, el estudio estima en 233. 2 millones el monto al que asciende el daño provocado por las municiones en racimo. Desde una lógica humanitaria, esto es inaceptable, pero la racionalidad económica apela a que es preferible usar una CBU-87 de 14 mil dólares, que las armas de precisión cuyos costos son muy elevados. Por ejemplo, las armas “inteligentes” con sistemas de guía oscilan entre los 15 mil dólares las más baratas, hasta un cuarto de millón de dólares las más sofisticadas. En momentos en que las economías del mundo siguen luchando por recuperarse tras los estragos de la pandemia del SARS-CoV2, y ante los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, se privilegia sistemas de armamento más “rústicos” y “tontos” y, por lo mismo, potencialmente letales respecto a no combatientes.
Joe Biden se justifica ante sus aliados y la opinión pública internacional en que el gobierno de Ucrania que encabeza Volodymyr Zelensky le solicitó las municiones en racimo en cuestión. Este argumento es cuestionable toda vez que no es posible entregar a los países todas las armas que quieren y menos cuando participan en un conflicto armado. Con este mismo argumento, Estados Unidos tendría que suministrar municiones en racimo a otros países aliados que se lo pidan. Con todo, en la reciente cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Vilna, Lituania -país que, por cierto, sí es signatario de la convención-, donde la nota fue la decisión de Turquía de finalmente dar luz verde al ingreso de Suecia a la institución, el tema del envío de municiones en racimo por parte de EEUU a Ucrania creo fuertes divisiones entre los aliados. El Secretario General de la institución, el noruego Jens Stoltenberg simplemente se lavó las manos y señaló que enviar municiones en racimo a Ucrania era una decisión soberana de cada país. Por su parte, el mandatario estadunidense señaló que Ucrania ya no cuenta con municiones lo que la coloca en desventaja en combate frente a Rusia. El anuncio de Biden también se puede interpretar como una deferencia a Kiev dado que éste ha solicitado su ingreso a la OTAN, tema que, naturalmente, no puede ser solventado en las condiciones actuales.
El presidente ruso Vladímir Putin, reaccionó de inmediato señalando que, si Estados Unidos entrega municiones en racimo a Ucrania y ésta las emplea contra Rusia, Moscú se verá obligado a usar también estos sistemas de armamento contra objetivos ucranianos. Dado que Ucrania es un país europeo que colinda con varios miembros de la Unión Europea, la militarización, pistolización y contaminación que aqueja a su territorio como resultado del conflicto armado con Rusia, es una preocupación creciente. Entregarle municiones en racimo a Ucrania, de manera táctica le podría permitir momentáneamente defenderse de los ataques rusos, pero a un costo muy alto.
Es por ello que la 11ª Conferencia de los Estados parte de la convención a celebrarse en Ginebra del 11 al 14 de septiembre del presente año es tan importante. Puede ser el foro para revitalizar el debate sobre las consecuencias humanitarias del empleo de municiones en racimo en los conflictos armados, al igual que para presionar a los no signatarios a que se adhieran a este instrumento jurídico y, claro, para analizar cómo impactará a Ucrania, en el mediano y largo plazos, usar y ser escenario de estos letales sistemas de armamento. De otra manera, la convención estaría viviendo un retroceso inaceptable.
