El “censo de los desaparecidos”, encomendado al ejército proselitista del gobierno, no es para la solución del terrible problema de la desaparición forzada de personas, que en este sexenio rebasó la cifra de 113 mil personas en esa condición. Tampoco es para dar alivio al dolor de las familias que sufren la ausencia de sus seres queridos, ni mucho menos para impartir justicia y castigar a los responsables. El objetivo del supuesto trabajo censal es el rasuramiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para satisfacer la egolatría de a quien le incomoda la evidencia más irrebatible de su fracaso como gobernante. Hablando con rigor, este es un censo para el bienestar de una sola persona: el inquilino de Palacio Nacional.
En el corte del 17 de noviembre de 2023, el mencionado Registro contabilizó 113 mil 265 personas que fueron reportadas como desaparecidas y no han sido localizadas hasta la fecha. De ellas, 100 mil 523 son personas cuya desaparición se adjudica a algún victimario, grupo o autoridad, en tanto que otras 12 mil 742 son personas no localizadas de las que se desconoce el motivo o la circunstancia de su desaparición.
Los casos se han ido acumulando desde hace décadas, pero su incidencia se agravó en el presente sexenio. El propio Registro da cuenta de que el 40% de las desapariciones no resueltas ocurrieron entre 2019 y 2023 y arroja un promedio de 23 mil desapariciones por año durante el presente sexenio. Para el grupo en el poder éste es el problema, no en sí la epidemia de desapariciones forzadas, sino los datos que evidencian el fracaso de la estrategia de seguridad pública del gobierno obradorista.
Se recordará que en el año 2017 se logró la promulgación de una Ley en materia de desaparición forzada de personas. Tuvo el consenso de familiares de desaparecidos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y de todos los partidos políticos. Esta Ley establece la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas y esclarecer los hechos. Se instituyó el Registro Nacional a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya información debe recabarse por las Fiscalías de Justicia, las Comisiones de Búsqueda nacional y las locales, otras autoridades y por los familiares de las víctimas.
Son estas las fuentes que están autorizadas por Ley para incorporar casos de desaparición forzada al Registro Nacional y, también, cuando se resuelve el problema, para notificar la localización de personas que estaban desaparecidas.
Haciendo fraude a la Ley, como es su costumbre, el inquilino de Palacio Nacional ordenó un “censo de desaparecidos” a cargo de los mal llamados servidores de la nación para “resolver el problema” mediante el rasuramiento ilegal de los registros. Anunció que para fines de noviembre dará a conocer los resultados de esta maniobra que, podemos anticipar, abatirá artificialmente el número de casos de desapariciones ocurridos en el actual sexenio.
El llamado “censo del bienestar” se inició ilegalmente en julio de 2018 y nunca se hizo público el resultado del levantamiento. Su base de datos se encuentra resguardada en algún sótano secreto bajo el control directo del Presidente. Como aquél, es ilegal el censo con el que AMLO pretende desaparecer a los desaparecidos, en cuyo levantamiento hizo a un lado a los familiares y a las madres buscadoras, a las víctimas, a las autoridades que legalmente tienen competencia para actuar y, en fin, a las justas demandas de respeto a la vida y a la libertad de las personas.
Cincelada: Su denuncia de fraude de Estado la negoció Ebrard por vagas referencias a “algunas irregularidades” y a cambio de acuerdos en lo oscurito, que pronto fueron desmentidos por Sheinbaun.
