Casi un año después del trágico incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, el caso aún no ha llegado a juicio. Este evento, plagado de irregularidades y omisiones, culminó en la muerte de 40 migrantes, atrapados en una celda cerrada bajo llave.
El Instituto Nacional de Migración (INM), dirigido por el lopezobradorista Francisco Garduño Yáñez, sigue siendo una auténtica letrina. A pesar de estar vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el siniestro, Garduño Yáñez mantiene su puesto debido a la protección e impunidad que le obsequia su amigo López Obrador a través de la inacción de la Fiscalía General de la República.
Las acusaciones contra Garduño no son por homicidio doloso o culposo, sino por “ejercicio indebido del servicio público”. Se acusa al comisionado de haber sido omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades. Las carpetas por homicidio solo se han abierto para algunos de los guardias de esa estancia provisional, que en realidad era una cárcel ilegal, y para dos migrantes que encendieron fuego a una colchoneta y provocaron el incendio.
Se entiende que la acusación contra Garduño sea solo por omisión. Él no se encontraba en el lugar de los hechos, ni encerró personalmente a los migrantes, ni prendió fuego a la colchoneta, ni huyó sin abrir la celda. Sin embargo, ya en una ocasión bajo su mando, en Tenosique, Tabasco, en 2020, un migrante murió y 14 resultaron lesionados en un incendio en el interior de una cárcel ilegal del INM.
Más allá de las consecuencias penales que debería enfrentar, no hay razón alguna para que Garduño continúe en el cargo.
De los ocho funcionarios del INM implicados en el caso, solo seis permanecen en prisión. Las detenciones incluyen desde el representante local Noroeste del INM hasta agentes federales de migración. Sin embargo, la disparidad en las consecuencias legales para los implicados es evidente.
Jeison D. C.R., uno de los migrantes acusados de esta tragedia, está vinculado al proceso judicial por homicidio y lesiones en comisión por acción, porque presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil. El otro migrante, Carlos Eduardo C.R., fue acusado de homicidio, lesiones y daños. Ambos están detenidos.
En general, la situación de los migrantes detenidos y afectados es aún más desoladora. La mayoría de los 22 supervivientes y familiares de las víctimas carecen de recursos económicos y apoyos, contrastando fuertemente con el poder y el dinero que parecen influir en las decisiones judiciales y administrativas alrededor de esta tragedia.
Este desastre pone de manifiesto la negligencia criminal de los funcionarios federales por las fallas en los protocolos de emergencia del INM. El incendio evidenció una serie de incumplimientos flagrantes a las normativas establecidas, tanto en la Ley de Migración como en la reglamentación interna del Instituto. El hecho de que objetos prohibidos, como encendedores y teléfonos móviles, estuvieran presentes en las celdas el día del incendio, exhibe el fracaso en la implementación de los controles de seguridad y representa un monumento a la incompetencia gubernamental.
La tragedia de Ciudad Juárez ilustra claramente el enfoque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: una indiferencia indolente hacia las víctimas y una protección impune a los funcionarios.
Este caso es un reflejo de la profunda crisis humanitaria y de justicia en la frontera entre México y Estados Unidos. La tragedia de Ciudad Juárez no solo destaca las deficiencias en el trato a los migrantes y en la administración de justicia, sino que también subraya la urgente necesidad de revisar y reformar las políticas y procedimientos migratorios. Esta situación, lamentablemente, ya no se verá en el presente sexenio.
La siguiente administración tendrá la obligación de iniciar desde cero una investigación exhaustiva y transparente, asegurarse de que se haga justicia para las víctimas y sus familias, y tomar medidas para garantizar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.
