La reciente solicitud del presidente para que el INE y los partidos políticos cedan sus tiempos en medios electrónicos para difundir mensajes relacionados con la emergencia sanitaria, representa un episodio más en una larga historia en la que este tipo de espacios han sido todo menos parte de una política de comunicación social destinada a informar a la ciudadanía de los planes y programas gubernamentales, además de mostrar una nueva incongruencia de quien se dice impulsor de la actividad de informar al pueblo.

Todo tiempo pasado…

Los tiempos oficiales surgieron durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Detrás de la decisión se ubica una pugna con empresarios de medios en el marco de un sexenio que se caracterizó por la mano dura para acallar protestas sociales.

Pensado en un inicio como un impuesto, la negociación con los sectores afectados llevó a plasmar en la ley la obligación de los medios de comunicación electrónicos a otorgar al gobierno parte del tiempo de transmisión para la difusión de campañas y mensajes de interés social, pero con el detalle que el concesionario cumplía con sólo poner a disposición de las autoridades el tiempo aire, ya si el ejecutivo federal y sus dependencias lo utilizaban o no, no era problema de los dueños de los medios.

Así se mantuvo esta situación las tres últimas décadas del siglo XX, en las que tuvimos programas de distintas secretarías de Estado y dependencias oficiales en horarios poco visibles por el grueso de la población, pero que servían para llenar este espacio que comprendía varias horas al día, mismas que era complicado llenar con la descoordinación y falta de planes que tenía en gobierno en materia de producción.

Fueron varios los organismos que se crearon para el efecto, como la Productora Nacional de Radio y Televisión (Pronarte), así como el CPA dependiente de Conaculta o las unidades de producción de algunas dependencias oficiales.

Pero con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, vino el primer recorte a los tiempos oficiales, algo que fue muy criticado porque se veía como el “decretazo” –llamado así en medios periodísticos– era un intento para congraciarse con los barones de los medios electrónicos y no una verdadera necesidad en materia de comunicación social.

Ya con López Obrador, se presenció el regreso de los ahora llamados tiempos fiscales a los concesionarios, medida que volvió a generar críticas para un gobierno que basa su estrategia de comunicación social en las conferencias mañaneras y las redes sociales.

No deja de llamar la atención que ahora el propio presidente pida al INE y a los partidos políticos que cedan sus tiempos en medios electrónicos para atender la emergencia sanitaria.

Y es que se trata de una más de las incongruencias a las que nos tiene acostumbrado un presidente que no se cansa en presumir aquello de “no somos iguales”, aunque su actitud frente a los radiodifusores sea muy parecida a la que hicieron sus antecesores.

Decimos incongruencia, pues si tanto presumen que la mañanera es la principal fuente de información del pueblo –junto a las redes sociales–, entonces no se entiende la petición para que los partidos cedan sus tiempos, además, si hay tan buena relación con las televisoras –las cuales ocupan los primeros lugares en el presupuesto de la publicidad oficial–, la pregunta es por qué no se les pide que donen campañas de comunicación para tal fin.

De igual manera, si el presupuesto para Televisa y TV Azteca ha sido prácticamente el mismo que en el sexenio pasado, por qué no se orienta el gasto en este rubro en atender la pandemia mediante una campaña dirigida a crear en el “pueblo sabio” la conciencia necesaria para que se cuiden de la posibilidad de contagio.

La cercanía de las campañas electorales en el 2021, también genera la sospecha de que esta ocurrencia esté orientada a reducir los espacios en medios electrónicos durante el proceso electoral que se avecina, considerando que por ley los partidos políticos tienen prohibido contratar espacios en radio y televisión.

Y con un INE que se ha mostrado dispuesto a limitar el activismo presidencial en su materia favorita, la propaganda, también la autoridad electoral quedaría disminuida en su labor de difusión de los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos en materia electoral, algo que le desagrada a López Obrador, quien se ha erigido como “árbitro” de los comicios y ha amenazado con exhibir a quien cometa fraude en las elecciones –aunque no se sabe si lo hará si se trata de sus compañeros de partido–.

Total, que esto de los tiempos fiscales y la ocurrencia del presidente y sus asesores se suma a una larga lista de decisiones que demuestran que, al menos en el terreno de la comunicación social, tenemos a un titular del ejecutivo federal que no se guía por lo que marca la ley, sino por su deseo de ser el único vocero que pueda hablar en el país.