La petición de consulta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Senado refleja su poco conocimiento o su escaso respeto por el Estado de derecho. Hay ahí afirmaciones que difícilmente podrá avalar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Menciona todo aquello que desde su perspectiva son delitos que cometieron sus predecesores. Desde luego, podría ser el caso, por lo que procedería la investigación correspondiente, para lo cual no se requiere una consulta sino voluntad política.
Pero el documento incluye varios presuntos delitos que no serían tales, sino políticas fallidas en materia económica, social o de seguridad. Pero eso, que puede ser políticamente reprobable (y castigado en las urnas, como ocurrió en 2018), en sí mismo no es punible legalmente. Es como si se quisiera juzgar penalmente a AMLO por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco debido a sus malos efectos económicos. Desde luego, se menciona el caso Odebrecht en el caso de Enrique Peña Nieto, pero subsiste la incógnita: ¿hasta dónde irá el actual gobierno en ese escándalo? ¿Quedará en ruido mediático o se irá a fondo? ¿Respetará el pacto de impunidad ofrecido, o quizá no tenga alternativa si del otro lado hay también balas como el video que exhibe a Pío López Obrador?
CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2020.- Integrantes del SME continúan con la recolección de firmas para enjuiciar a los ex Presidentes de México de los períodos del año 1988-2018. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Lo contradictorio es que, tras hacer todo este repaso, insiste en que él no quiere que se enjuicie a los expresidentes, y lo justifica porque su “fuerte no es la venganza”. Quizá se debe a que es cristiano, y el perdón se impone. Pero eso no tiene nada que ver con la justicia y la aplicación de la ley. Éstas no pueden depender de las creencias religiosas o los buenos sentimientos de un mandatario.
Pero lo más importante: AMLO insiste en que es la voluntad del pueblo la que debe decidir lo que se haga, lo que contraria el más elemental sentido del Estado de derecho, donde la aplicación de la ley no se consulta, no está sujeta a la voluntad o capricho o preferencias del público en el Coliseo. Sí su elaboración, pero no su ejecución. Afirma: “Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad; si rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”.
Se pretende presionar a fiscales y jueces, pero así no funciona la legalidad. Asegura también que dicha consulta no contraviene el espíritu del artículo 35, el cual impide que se afecten derechos humanos y garantías individuales. Un juicio sumario sometido a la muchedumbre, en su óptica, no contraviene los derechos básicos, como si estuviéramos en el siglo X. Pero en la visión del siglo XXI sí los afecta.
Ante la gran probabilidad de que la Corte rechace dicha solicitud, un grupo de legisladores encabezados por Pablo Gómez presenta una iniciativa para garantizar la impunidad de los expresidentes. Pero como lo ha explicado el propio Gómez, no se trata de que esa ley pase, sino que dé pie a que se consulte a la ciudadanía si quiere que se apruebe o no. En tal caso, se salvarían los obstáculos jurídicos para que dicha consulta no sea echada abajo por la Corte, y su efecto político (que es lo que en realidad le importa al presidente y su partido), sea esencialmente el mismo.
Así, si 90 por ciento de los consultados rechaza dicha iniciativa, equivaldrá a que ese mismo porcentaje respondiera que sí quiere que los expresidentes sean juzgados. Se habría logrado lo que en realidad busca AMLO: propaganda que le servirá políticamente a él y a su partido, aunque no sirva de gran cosa al país para crear un genuino Estado de derecho y acotar la impunidad, si no se traduce en juicios y castigos legales.
