Lo que vimos en el “Senado de la Justicia” el pasado fin de semana fue efectivamente una acción grotesca, capaz de provocar vómito, cuando la mayoría de Morena decidía por sorteo qué jueces y magistrados del Poder Judicial mexicano serían cesados en su trabajo y, con ello, cancelar todo un proyecto de vida, una carrera profesional, por el capricho presidencial de vengarse de este poder del Estado que osó desobedecer las órdenes del exmandatario López Obrador al conducirse de manera autónoma e independiente.
No les han importado hasta ahora los argumentos de reconocidos juristas, de los propios juzgadores que están resultando directamente perjudicados, como tampoco los llamados preventivos de nuestros socios comerciales sobre las violaciones a las reglas contenidas en el tratado de libre comercio con Norteamérica, ni mucho menos los alegatos de la minoría opositora en el Legislativo.
Los integrantes de la mayoría gobernante han seguido actuando como psicópatas ideologizados, convencidos de que la totalidad de los poderes públicos les pertenecen y que es la oportunidad histórica para consumar su “gran transformación”, es decir, destruir todo el andamiaje institucional anterior y hacer “uno nuevo”, como sucede en cada “gran revolución”. Quizá así se vean realizados los sueños de antiguos militantes de la vieja izquierda dizque ortodoxa, quienes han abandonado sus añejos principios democratizadores y antipresidencialistas, para congraciarse con un presidencialismo omnipotente.
Y ni qué decir de los legisladores federales y locales que llegaron a sus cargos por la vía del PRD, habiendo militado durante muchos años en este partido, pero que ahora se alinean con la fuerza gobernante en aras de pasajeras prebendas y promesas, lo cual revela lo epidérmico de sus anteriores supuestas convicciones.
Es sumamente grave lo que está pasando en nuestro querido México. Resulta que ya estamos ante un cambio de régimen; nos encontramos situados en uno de corte profundamente autoritario y que amenaza con afianzarse aún más, asunto que todavía no asumen una gran cantidad de miembros de la oposición.
Por eso aquí reitero lo que he dicho a muchas personas que me han preguntado preocupadamente sobre el futuro inmediato de la reforma judicial en curso: la última gran esperanza es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional este bodrio de reforma. Sobran los motivos para así resolverlo.
¿Que eso generaría una “crisis institucional y constitucional”? Quizá, pero lo sería en defensa de la República democrática, en sentido contrario a la crisis integral que la mayoría morenista ya ha provocado en el país. No perdamos de vista que ellos, cuyos grupos parlamentarios fueron artificialmente amplificados, son los responsables del golpe a la democracia que hoy tiene al país en vilo y cuyo ataque sistemático a la división de poderes puede propiciar un deterioro mayor de la situación.
¿Sería una confrontación abierta de la Corte con el Ejecutivo y el Legislativo? Sí, pero en defensa de la Constitución y los principios básicos del Estado de derecho. Desde aquí, sabedor de que hablo a nombre de muchísimas personas, hago un llamado responsable a la Suprema Corte para que decida en ese sentido. Millones esperamos una responsable sentencia de esta magnitud.
Ojalá y la Corte no termine convalidando el atropello morenista, porque esto la colocaría como cómplice del asesinato de la democracia mexicana, al mismo tiempo que estaría anticipando su suicidio al acabar con la división de poderes que supone la existencia de un Estado democrático y de Derecho, como hemos aspirado que fuera el Estado mexicano.
Ese es el grave escenario en el que hoy nos encontramos, sin dejar de tener presente que nuestra sociedad cuenta con muchas reservas para salir adelante, que ese 45% de los electores que no votaron por los que ahora atropellan a la nación en nombre de ella, son la base para preparar un nuevo momento promisorio para México. No todo está dicho todavía.
